La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha reclamado la puesta en marcha de un plan especial de seguridad, similar al desplegado por el Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar, tras constatar el desplazamiento a esta comunidad de redes de narcotráfico, trata de seres humanos e inmigración ilegal.
Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025, José Luis Díaz Manzanera ha explicado que la fuerte presión policial en esa zona de Cádiz ha provocado el traslado directo de las mafias hacia el litoral murciano. Según ha indicado, esa provincia andaluza, con unos 200.000 habitantes menos que la Región de Murcia, cuenta con 25 fiscales más.
Por este motivo, el fiscal superior ha pedido equiparar la plantilla de la Fiscalía y reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la Región. La Memoria advierte de un aumento de la violencia ligada a este asentamiento criminal, con un uso creciente de armas de fuego en ‘vuelcos’ —robos de droga entre bandas rivales— y ajustes de cuentas.
El documento subraya que esta actividad se apoya en una infraestructura consolidada por las plantaciones ‘indoor’ de marihuana, tras un incremento calificado como fuerte en el último ejercicio, así como por las narcolanchas y el ‘petaqueo’, es decir, el suministro de combustible en alta mar.
Control del combustible y presión sobre las gasolineras
Respecto al ‘petaqueo’, la Fiscalía Antidroga ha instado a la Comunidad Autónoma y a la patronal de estaciones de servicio (TNAPA) a intensificar las inspecciones. El objetivo es sancionar a las gasolineras que suministren combustible de forma incontrolada al amparo de la Ley del Sector de Hidrocarburos.
En materia de extranjería, la Memoria describe la consolidación de las denominadas ‘pateras taxi’. Estas embarcaciones son operadas por mafias que desembarcan con rapidez en las costas de Cartagena y Lorca para dificultar la intervención policial.
El Ministerio Público ha contabilizado 81 causas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. De ellas, ha formulado 39 acusaciones y ha obtenido 20 condenas. Para sostener estos procedimientos, la Fiscalía trabaja en reforzar los atestados policiales.
Según detalla el informe, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha empezado a exigir un mayor bagaje probatorio. Ya no basta solo con el testimonio único de un testigo protegido para mantener las condenas.
Datos de pateras y trata de seres humanos
Entre enero y el 6 de septiembre de 2025 se han interceptado 130 pateras y 1.978 migrantes en la Región de Murcia. En el mismo periodo de 2024 fueron 226 pateras y 2.671 personas. En 2025 han sido detenidos 38 patrones que pilotaban embarcaciones más grandes, potentes y con mayor capacidad de transporte.
Del total de ocupantes de las pateras, 1.242 eran varones, 52 mujeres y 35 menores acompañados. Además, se han registrado 136 menores no acompañados. Estos datos muestran, según la Memoria, la presión migratoria sostenida sobre la costa murciana.
El balance resalta también el seguimiento de 14 tramas de trata de seres humanos con 71 víctimas. En su mayoría se trata de mujeres retenidas en condiciones infrahumanas para su explotación sexual. Díaz Manzanera ha calificado esta realidad como ‘la esclavitud del siglo XXI‘.
Asimismo, la Fiscalía ha abierto 67 procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, una cifra superior a la del año anterior. Según el fiscal superior, la Región actúa como un polo de atracción donde las redes se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular para emplearlos en explotaciones agrícolas.
Auge de la delincuencia entre menores y uso de IA
El informe dedica un apartado específico al aumento de la delincuencia entre menores de 16 años. La Fiscalía ha detectado un incremento del 9,25% en las agresiones sexuales cometidas por menores contra otros menores, con 177 expedientes abiertos frente a los 162 del ejercicio previo.
Díaz Manzanera ha señalado el uso de las nuevas tecnologías como detonante de esta tendencia. La Memoria incluye 37 casos de acoso escolar canalizado a través de redes sociales y un fuerte aumento de la violencia doméstica ejercida por menores, que ha pasado de 37 a 167 asuntos.
El fiscal superior ha calificado como ‘realmente preocupante’ la aparición de ocho causas por distribución de pornografía infantil generada con Inteligencia Artificial. En estos casos, los menores han manipulado fotografías de compañeras para presentarlas desnudas. Un año antes solo se había registrado un caso de esta tipología.
Ante este escenario, Díaz Manzanera ha reclamado una regulación que prohíba el acceso a redes sociales e Internet por debajo de una determinada edad. Ha defendido que esta medida debe alinearse con las propuestas que sopesa la Unión Europea e ir acompañada de controles parentales y supervisión en los centros educativos.
Además, la sección de Menores ha tramitado 53 expedientes por absentismo y abandono escolar y 18 denuncias penales contra progenitores por presunto delito de abandono de familia.
Violencia de género y nuevas formas de maltrato
En la sección de Violencia sobre la Mujer, la Memoria refleja un descenso del 7,4% en los delitos de lesiones y maltrato familiar. En este ámbito se han acordado 201 órdenes de alejamiento, 718 órdenes de protección y la instalación de 198 dispositivos de control telemático mediante pulseras.
Díaz Manzanera ha subrayado la reducción de sentencias absolutorias motivadas por el derecho de la víctima a no declarar. En el partido judicial de Murcia se han reducido a 14, una bajada que atribuye a la reforma legal que impide acogerse a esta dispensa cuando la mujer está personada con letrado.
No obstante, el fiscal superior ha mostrado su preocupación por la irrupción de casos de violencia vicaria. Estos episodios se ejercen sobre familiares de las víctimas o sobre animales domésticos, con el objetivo de causar un mayor daño emocional a la mujer.
Seguridad vial: muchos delitos y brecha en drogotest
Los delitos contra la seguridad vial se mantienen en cabeza de la actividad penal en la Región, con 5.270 procedimientos judiciales y 3.822 sentencias. En 2025, un total de 75 personas ha ingresado en prisión por este tipo de delitos.
La Memoria recoge 45 atestados por accidentes mortales en carretera, con un saldo de 54 fallecidos. A pesar de estas cifras, la Fiscalía ha centrado la atención en la gran brecha existente en los casos de conducción bajo la influencia de estupefacientes.
Mientras la Guardia Civil ha registrado 1.838 resultados positivos en controles de drogas, solo 36 han llegado a la vía penal. Díaz Manzanera ha atribuido este desfase a la falta de homologación normativa de los drogotest respecto a los etilómetros.
Según ha explicado, esta carencia limita la validez probatoria de las pruebas en juicio y obliga a derivar la mayoría de los positivos a la vía sancionadora administrativa. Esto reduce el número de condenas penales a pesar del elevado volumen de infracciones detectadas.
Por otro lado, aunque no han generado causas penales, la Memoria alerta sobre el impacto de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. Estos VMP concentran ya el 10% de los 700 siniestros viales registrados por la Policía Local de Murcia.
Mar Menor y siniestralidad laboral
En la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, los seis fiscales adscritos han tramitado causas que se han saldado con 82 escritos de acusación, en su mayoría por delitos contra la ordenación del territorio, y 34 sentencias, de las que 32 han sido condenatorias.
En relación con la contaminación del Mar Menor, la Fiscalía está a la espera de que se fije la fecha de juicio para la causa principal tramitada en Cartagena contra agricultores. Esta causa se centra en la responsabilidad penal por los vertidos que han afectado a la laguna salada.
Durante 2025 se han presentado cuatro escritos de acusación por vertidos ilegales procedentes de desalobradoras. Además, se han incoado 36 diligencias previas, 14 en Cartagena y 22 en San Javier, y se ha formulado acusación en una decena de estos procedimientos.
Hasta el momento se han dictado cinco sentencias condenatorias por estos vertidos. Paralelamente, la Fiscalía ha solicitado a la Comunidad que abra expedientes administrativos para obligar a quienes han cometido infracciones medioambientales a pagar sanciones.
La petición incluye también la obligación de reparar los daños causados en la naturaleza y restituir los espacios afectados a su estado original. De este modo, se busca que la respuesta no se limite al ámbito penal y tenga un efecto disuasorio real sobre futuros infractores.
Por su parte, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral ha formalizado 25 escritos de acusación y ha obtenido nueve sentencias condenatorias. Como novedad, la Memoria destaca la primera acusación formal en la Región por un delito contra la seguridad de los trabajadores motivado por un golpe de calor sufrido en el ámbito laboral.
