El Gobierno de la Región de Murcia está estudiando una reforma del marco jurídico del Servicio Murciano de Salud (SMS) para afrontar sus problemas de gestión y presupuestación. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, María Isabel López, lo ha anunciado en la Asamblea Regional durante el debate sobre la Cuenta General de 2023.
La Consejería de Salud y el SMS ya han creado un grupo de trabajo para analizar la situación jurídica del organismo y abordar una reforma más amplia del sistema sanitario regional. López Aragón ha advertido de que «es una cuestión que no es sencilla» y que no tendrá «soluciones inmediatas».
La consejera ha reconocido que el presupuesto del SMS no refleja sus necesidades reales de gasto. El Ejecutivo regional trabaja para corregir esa situación y ha avanzado en contratación, compras centralizadas y sistemas de información sanitaria. También evalúa el gasto.
Sin embargo, López Aragón ha señalado que «ninguna herramienta de gestión, por muy buena que sea, sustituye por sí sola a los recursos que son necesarios para atender a los pacientes».
Las cuentas autonómicas de 2023
La Comunidad Autónoma partió de unos créditos iniciales de 7.631 millones de euros, que aumentaron hasta 8.638 millones tras las modificaciones presupuestarias del ejercicio. Las obligaciones reconocidas sumaron unos 7.808 millones, cerca del 90% de ejecución.
Los derechos reconocidos netos alcanzaron 7.905 millones de euros, unos 920 millones más que en 2022. El incremento fue aproximadamente del 13%. El déficit regional se situó en el 2,3% del PIB, frente a cerca del 3% del año anterior, y la deuda financiera rondó los 12.000 millones de euros.
El informe incluye 13 recomendaciones, dos menos que la media de 15 que, según la consejera, registran otras comunidades autónomas. Durante 2023, la Intervención General emitió cerca de 2.600 informes de fiscalización. Los reparos afectaron al 0,03% de los expedientes examinados.
La Comunidad también trabaja en actualizar el marco económico y presupuestario. Además, prepara sistemas para centralizar y compartir la información financiera de las entidades del sector público regional.
Sobre la desaladora de Escombreras, el Tribunal de Cuentas mantiene la recomendación de ceder globalmente sus activos y pasivos y extinguir la sociedad. López Aragón ha asegurado que siguen las actuaciones para ordenar definitivamente su situación.
Las críticas de los grupos parlamentarios
El diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños ha acusado al Gobierno regional de «ingeniería contable» y «maquillaje presupuestario». Según ha denunciado, el resultado presupuestario de 2023 estaba sobrevalorado en 437 millones de euros. Tras los ajustes del Tribunal de Cuentas, el saldo pasó a ser negativo en más de 131 millones.
«Ustedes no liquidan presupuestos, ustedes están escondiendo las facturas en los cajones», ha reprochado. También ha atribuido al SMS un déficit acumulado de 3.724 millones de euros. Además, ha cuestionado los 312 millones en derechos de cobro con más de cuatro años de antigüedad de la Agencia Tributaria regional, así como la situación de Escombreras y del aeropuerto de Corvera.
El portavoz de Vox, Rubén Martínez, ha denunciado un supuesto «maquillaje sistemático» de las cuentas. Ha criticado que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se repitan sin resolver, a su juicio, los problemas estructurales. También ha cuestionado la presupuestación del SMS, el déficit y los remanentes de tesorería.
Martínez ha reclamado explicaciones sobre los derechos de cobro pendientes de la Agencia Tributaria regional y las medidas previstas para la desaladora. El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, también ha señalado al SMS como el principal problema de las cuentas autonómicas y ha pedido cambios en su gestión.
«El gran problema de esta región se llama el SMS», ha afirmado Antelo. Ha defendido que la Región necesita recursos adicionales para compensar los déficits acumulados durante años, además de reclamar una financiación autonómica equivalente a la de otras comunidades.
Antelo también ha pedido decisiones sobre Escombreras y el aeropuerto de Corvera, cuya viabilidad económica ha cuestionado. Asimismo, ha advertido de las dificultades para acometer nuevas inversiones.
El diputado del PP Carlos Albaladejo ha defendido la gestión económica del Ejecutivo. Ha sostenido que las observaciones del Tribunal de Cuentas no invalidan el conjunto de las cuentas públicas. «Fiscalizar no es condenar, recomendar una mejora no equivale a declarar ilegal toda una gestión», ha manifestado.
La respuesta de la consejera
En su intervención final, López Aragón ha rechazado las acusaciones del PSOE y Vox. Ha asegurado que el informe del Tribunal de Cuentas no afirma que el Ejecutivo haya falseado la información presupuestaria.
«Tampoco, señor Martínez Baños, es responsable acusar al Gobierno de falsear las cuentas. Eso, insisto, no lo dice el Tribunal de Cuentas», ha manifestado. La consejera ha vinculado buena parte de los ajustes contables con el SMS y con cambios en la contabilización de ciertos derechos de cobro frente a organismos dependientes de la Comunidad Autónoma.
También ha rechazado que el Gobierno no haya aplicado medidas ante las recomendaciones. Ha citado actuaciones sobre consorcios autonómicos, sistemas de información financiera y procedimientos contables.
Por último, López Aragón ha negado que la Comunidad Autónoma esté en quiebra. Ha asegurado que el Ejecutivo seguirá cumpliendo sus obligaciones y reclamando una reforma de la financiación autonómica para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales.
