Las empresas y administraciones de la Región de Murcia contarán con trámites más ágiles para el control ambiental tras la actualización de la normativa de las Entidades de Control Ambiental (ECA). La nueva orden, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), sustituye una regulación vigente desde 1998 y busca reducir cargas administrativas sin rebajar las garantías ambientales.
La norma simplifica la habilitación de estas entidades. Podrán inscribirse de oficio en el registro regional mediante una comunicación electrónica y la acreditación de los requisitos de calidad. Sin embargo, deberán estar habilitadas e inscritas antes de desarrollar su actividad.
La regulación crea dos categorías especializadas. Las Entidades de Validación verificarán y validarán autorizaciones y documentación ambiental. Las Entidades de Medición y Análisis tomarán muestras y realizarán ensayos, análisis y mediciones de contaminantes.
Nuevos plazos y garantías técnicas
Para reforzar la calidad de las actuaciones, la orden exige acreditaciones oficiales, como las otorgadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). También requiere coberturas de responsabilidad civil, destinadas a respaldar la independencia, imparcialidad y solvencia de las entidades.
La presentación de informes y documentos ante la Administración tendrá un plazo general de un mes. Cuando sean necesarios ensayos analíticos, el plazo podrá llegar a tres meses. Además, se elaborarán guías técnicas y modelos estandarizados para unificar criterios y facilitar la aplicación de la norma.
El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, ha señalado que la actualización pretende ‘facilitar la actividad económica, eliminar trámites innecesarios y ofrecer mayor seguridad jurídica’. También ha afirmado que se mantiene ‘el máximo rigor en la protección ambiental‘.
Mata ha definido las ECA como ‘un aliado estratégico’ para que empresas y administraciones cumplan sus obligaciones ambientales ‘de forma más rápida y eficaz’. La simplificación afecta así a los procedimientos, mientras que la habilitación, las acreditaciones y los plazos mantienen requisitos concretos para controlar las actuaciones.

