La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional ha aprobado este martes varias mociones sobre gasto publicitario y seguridad en la Región de Murcia. Las iniciativas reclaman más transparencia, recursos para la Guardia Civil, atención presencial en Molina de Segura y refuerzos para la unidad policial que atiende a víctimas.
La comisión ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE para exigir mayor transparencia y control del gasto en publicidad institucional del Gobierno autonómico. Los socialistas han denunciado un reparto desigual de los contratos publicitarios entre medios de comunicación.
El diputado socialista Alfonso Martínez ha afirmado que un medio ha recibido 2,2 millones de euros en contratos menores del Ejecutivo regional entre 2023 y 2026. Ha comparado esa cifra con los 321.000 euros de La Razón, los 221.000 de El Español, los 225.000 de OK Diario y los 5.474 euros de El País.
‘No sabemos al final en qué medio se gasta el Gobierno regional el dinero de la publicidad institucional’, ha denunciado. Martínez ha señalado que falta información sobre los contratos de patrocinio.
También ha cuestionado los criterios para distribuir las campañas. Según un estudio de audiencias encargado por el Ejecutivo en 2023, el 77,4% de los espectadores de La 7 supera los 55 años. La audiencia de entre 25 y 34 años es nula, según ese informe.
Martínez ha asegurado que el Gobierno disponía del documento desde la primavera de 2024, pero no lo facilitó hasta mayo de 2025. ‘La publicidad institucional debe estar al servicio del derecho a la información de los ciudadanos de la Región de Murcia, no al servicio de las necesidades electorales’, ha defendido.
La diputada del PP María Casajús ha sostenido que la transparencia debe exigirse a todas las administraciones. También ha criticado el uso de la publicidad institucional por parte del Gobierno central. ‘No basta con publicar cifras millonarias de inversión, hay que explicar cómo se decide esa distribución y permitir que esas decisiones puedan fiscalizarse y controlarse’, ha señalado.
Desde Vox, Rubén Martínez ha acusado al PP y al PSOE de utilizar recursos públicos para financiar propaganda institucional. José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes e integrado en el Grupo Mixto, ha denunciado incumplimientos de la Ley 13/2018 de Comunicación y Publicidad Institucional. Ha señalado especialmente las obligaciones de información y evaluación del gasto. ‘La respuesta es claramente no’, ha afirmado al preguntarse si el Gobierno regional cumple la normativa.
Más medios para vigilar la costa
La comisión ha aprobado también por unanimidad una moción del PP que pide al Gobierno de España más medios materiales y humanos para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región. El objetivo es reforzar la vigilancia costera y combatir el narcotráfico y el tráfico de personas.
El diputado popular Alfonso Cerón ha denunciado que durante el verano solo estaban operativas dos de las cuatro embarcaciones disponibles. Esos recursos deben vigilar unos 250 kilómetros de costa regional. Según Cerón, las asociaciones profesionales reclaman más efectivos y, al menos, dos lanchas rápidas.
‘El Servicio Marítimo de la Guardia Civil no puede luchar en igualdad de condiciones contra los narcos en la Región y eso lo saben las mafias’, ha afirmado. El socialista Fernando Moreno ha apoyado la iniciativa, pero ha rechazado que falten medios.
Moreno ha recordado que los mandos de la Guardia Civil consideran suficientes los recursos disponibles. También ha señalado que la plantilla está cubierta al 93%. Alberto Garre, de Vox, ha respaldado el refuerzo de la vigilancia costera.
Álvarez-Castellanos ha cuestionado la repetición de iniciativas similares. Ha recordado que en junio ya se aprobó una moción para aumentar los recursos del Servicio Marítimo.
Atención presencial en Molina de Segura
Otra propuesta aprobada por unanimidad, presentada por Vox, pide ampliar el horario de atención presencial en el puesto de la Guardia Civil de Molina de Segura. El cuartel presta servicio a más de 100.000 habitantes del municipio y de localidades próximas, como Ceutí, Lorquí y Alguazas.
El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez, ha explicado que hasta hace poco la atención al público se limitaba a las mañanas. Ha reconocido que ya se han empezado a adoptar medidas para ampliar el horario.
Sin embargo, ha reclamado atención presencial por las tardes, durante los fines de semana y en festivos. También ha pedido mejorar las instalaciones. ‘Mejorar el servicio público no consiste únicamente en ampliar horario, también consiste en dotar a nuestros agentes de las herramientas adecuadas’, ha defendido.
Fernando Moreno ha respaldado la propuesta y ha aclarado que el horario administrativo limitado no implica desprotección. La Guardia Civil presta servicio las 24 horas del día, ha recordado.
Álvarez-Castellanos ha defendido que cualquier ampliación responda a criterios técnicos. El popular Jesús Cano ha pedido al Ministerio del Interior que estudie las necesidades del cuartel y mejore la atención a los vecinos.
Refuerzo de la unidad de atención a víctimas
La comisión ha aprobado una moción del PP para pedir al Gobierno central más efectivos para la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la Región de Murcia. La unidad atiende a víctimas de violencia de género, violencia familiar, agresiones sexuales y maltrato infantil.
La iniciativa ha incorporado una enmienda de Vox que fija un plazo de seis meses para reforzar el servicio. Alfonso Cerón ha denunciado la sobrecarga de trabajo y ha asegurado que cada agente tiene asignadas entre 90 y 100 mujeres víctimas de violencia de género o familiar.
El diputado popular ha señalado que los sindicatos policiales también han advertido de la saturación. ‘Las mujeres, sus hijos, las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y los menores maltratados no pueden esperar, necesitan toda la atención y protección posible’, ha manifestado.
Fernando Moreno ha coincidido en la necesidad de reforzar la atención a las víctimas. No obstante, ha recordado que en julio se incorporaron 607 agentes de la Policía Nacional a la Región, distribuidos proporcionalmente entre las distintas unidades.
Álvarez-Castellanos ha pedido más recursos para prevenir la violencia machista y reforzar los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI). También ha cuestionado que la enmienda de Vox centre el refuerzo en la violencia familiar. A su juicio, ese enfoque podría dejar fuera otros ámbitos de actuación de la UFAM.
