El Gobierno de la Región de Murcia ha comenzado a preparar el procedimiento para imponer multas coercitivas mensuales a Cartagena Parque. El objetivo es forzar la descontaminación de los terrenos de la antigua factoría de Zinsa, en Cartagena, tras años de incumplimientos de la empresa.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha explicado que la Administración autonómica requirió a Cartagena Parque la retirada de 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes. Ante la falta de actuación de la mercantil, la Comunidad ha iniciado un procedimiento sancionador de dos millones de euros, que continúa su tramitación.
Ruiz ha avanzado que la Comunidad ha dado un paso más. ‘Se está armando el procedimiento para activar las multas coercitivas mensuales para obligar a su ejecución por parte de Cartagena Parque’, ha detallado. Ha defendido además que existe una ‘hoja de ruta claramente definida‘ para recuperar esos suelos degradados.
Traslado del informe nuclear y nuevo requerimiento
La consejera ha recordado que la Comunidad recibió el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que descarta afección radiológica en los terrenos examinados. A partir de ese dictamen, el Ejecutivo autonómico notificó el pasado 4 de agosto un nuevo requerimiento a la empresa.
Ese requerimiento obliga al vaciado y desmantelamiento de las balsas existentes. También exige la retirada y correcta gestión de los materiales que contienen, de acuerdo con la normativa ambiental.
Ruiz ha indicado que los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección General de Medio Ambiente están analizando las alegaciones presentadas por Cartagena Parque. Ha asegurado que el Ejecutivo regional continuará utilizando todos los instrumentos legales disponibles para hacer cumplir las obligaciones de descontaminación.
‘Quien contamina paga y quien tiene la obligación legal de recuperar un suelo contaminado debe asumir esa responsabilidad. No vamos a permitir que caiga sobre los ciudadanos’, ha afirmado la consejera. Al mismo tiempo, ha rechazado adoptar medidas que puedan acabar anuladas por los tribunales.
El diputado de Izquierda Unida-Verdes y miembro del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reprochado que los terrenos sigan sin descontaminar siete años después de su adquisición por Cartagena Parque. Ha reclamado al Gobierno regional que ejecute subsidiariamente los trabajos, al considerar agotada la vía de los requerimientos.
‘¿Qué hoja de ruta va a hacer la Consejería una vez agotado el tema del requerimiento a la empresa para que descontamine y no le queda más salida que la ejecución subsidiaria?’, ha cuestionado Álvarez-Castellanos. A su juicio, la situación actual entraña riesgos para los vecinos de las inmediaciones.
La Estrategia de Salud Mental roza el 85% de cumplimiento
En el ámbito sanitario, la consejera de Salud, Isabel Ayala, ha defendido el avance de la Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023-2026. Según ha señalado, el plan ha alcanzado un grado de cumplimiento del 84,5%.
Ayala ha detallado que, de las 116 actuaciones evaluables incluidas en la estrategia, el 94% ya están realizadas. El resto se encuentran iniciadas o en desarrollo, según su explicación ante la Asamblea Regional.
La consejera ha destacado varias mejoras. Entre ellas, el incremento de profesionales y la ampliación de la capacidad de hospitalización en una unidad regional, que ha pasado de 8 a 16 camas. También ha mencionado el aumento de plazas en comunidades terapéuticas, de 135 a 156.
Además, ha puesto en valor la creación de un recurso específico de 18 plazas para mujeres con trastorno mental grave o adicciones. Ha citado también el programa ActivaMente, del que se han beneficiado alrededor de 1.000 pacientes, orientado a mejorar su recuperación y autonomía.
La diputada socialista María Soledad Sánchez ha cuestionado ese balance oficial. Ha denunciado el deterioro del hospital psiquiátrico Román Alberca, donde, según ha afirmado, se han detectado goteras, problemas eléctricos y desperfectos que impiden utilizar el comedor.
Sánchez ha criticado igualmente los retrasos en la construcción de nuevos centros de salud mental y en la asignación de citas de psiquiatría. Ha advertido de que estas demoras afectan de forma directa a los pacientes y a sus familias.
Sin fecha para urgencias 24 horas en Los Alcázares
Durante la sesión de control, la consejera Isabel Ayala también ha respondido sobre la situación sanitaria en Los Alcázares. Ha evitado fijar una fecha para la puesta en marcha de un servicio de urgencias de 24 horas en el municipio.
Ayala ha apuntado que el Gobierno regional seguirá evaluando las necesidades del área. Ha recalcado que las decisiones dependerán de los recursos asistenciales y de la disponibilidad de profesionales sanitarios.
‘Nuestro objetivo no es anunciar servicios sin las garantías necesarias’, ha subrayado la consejera. Ha recordado que los vecinos de Los Alcázares cuentan actualmente con dispositivos de urgencias en San Javier, San Pedro del Pininar y Torre Pacheco.
El diputado socialista Manuel Sevilla ha criticado la ausencia de un compromiso concreto. Ha recordado que la Asamblea Regional ya ha respaldado la implantación de un servicio de urgencias de 24 horas en el municipio costero.
‘Eso es tratar a los ciudadanos de Los Alcázares como ciudadanos de segunda’, ha denunciado Sevilla, que ha reclamado un calendario claro.
La ZAL de Los Camachos sigue en tramitación
En materia de infraestructuras, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha defendido que continúa la tramitación de la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos, en Cartagena. Ha explicado que ya se ha actualizado la documentación del proyecto.
Ese paso permite avanzar en el procedimiento de declaración de Actuación de Interés Regional. El consejero ha insistido en que este reconocimiento resulta clave para impulsar la ZAL.
García Montoro ha recalcado la necesidad de ejecutar la variante ferroviaria de ancho mixto y la terminal intermodal. A su juicio, estas obras son esenciales para garantizar la competitividad del proyecto logístico y su conexión con los corredores ferroviarios.
El diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha criticado la falta de avances visibles. Ha reclamado que se acelere la declaración de interés regional para no perder oportunidades de inversión y empleo.
‘¿A qué espera el Gobierno regional para declarar de interés regional el polígono de Los Camachos?’, ha preguntado Antelo ante el Pleno.
Ayudas al regadío por cinco millones
En el ámbito agrario, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha detallado la convocatoria de ayudas para comunidades de regantes. El programa cuenta con cinco millones de euros destinados a modernizar sus instalaciones.
Buendía ha explicado que las subvenciones financiarán hasta el 40% de cada inversión. Si se agota el crédito, la convocatoria podría movilizar más de 12,5 millones de euros en proyectos.
Las ayudas cubrirán actuaciones de ahorro de agua, implantación de energías renovables, digitalización y sistemas de telecontrol. También financiarán proyectos para aprovechar mejor las aguas regeneradas.
‘Las comunidades de regantes interesadas todavía están a tiempo de presentar su proyecto’, ha recordado el consejero. Ha subrayado que el plazo para solicitar estas ayudas concluye la próxima semana.
Debate sobre la pobreza infantil en la Región
Por último, la diputada socialista Toñi Abenza ha reprochado al Ejecutivo autonómico su gestión ante los indicadores de pobreza infantil. Ha comparado la evolución de la Región de Murcia con la de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.
‘Murcia forma parte de España. Por eso, si el contexto nacional afecta a todas, tendrán que explicar ustedes por qué y qué están haciendo mal para que los resultados aquí no mejoren’, ha señalado Abenza.
La consejera Conchita Ruiz ha rechazado esas críticas y ha responsabilizado al Gobierno central del incremento de la pobreza en España. Ha defendido además que la tasa AROPE de la Región de Murcia ha pasado del 44,5% en 2014 al 32,5% en 2025, lo que, según ha sugerido, refleja una mejora en la situación de vulnerabilidad social en el territorio autonómico.
