El presidente regional Fernando López Miras ha ratificado este martes su apoyo a la consejera de Salud, Isabel Ayala, y ha asegurado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) utilizará todos los recursos legales disponibles para recuperar el dinero público que se confirme que se ha usado de forma indebida en el presunto fraude de prótesis investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
López Miras ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea Regional, a petición del PSOE, para explicar por qué nombró consejera de Salud a Ayala, que dirigía el SMS cuando salieron a la luz las presuntas irregularidades en la compra y uso de prótesis sanitarias.
El presidente ha recordado que el SMS está personado en la causa judicial como parte perjudicada. Ha insistido en que corresponde a la Fiscalía, a la Policía y a los jueces determinar las posibles responsabilidades penales.
Según ha defendido, los mecanismos de control del Área I de Salud han sido los que han detectado los hechos. Esos servicios han trasladado la información a la Inspección Sanitaria, que ha realizado una auditoría interna y ha presentado la denuncia ante la Fiscalía.
‘Los propios mecanismos de control del Servicio Murciano de Salud detectaron los hechos, los investigaron y los pusieron en conocimiento de la Justicia’, ha subrayado López Miras ante los diputados.
Más controles y defensa de la gestión de Ayala
El jefe del Ejecutivo ha explicado que los profesionales investigados han sido apartados de sus funciones. Además, ha indicado que se han reforzado los controles internos con una unidad específica de inspección económica integrada por cuatro inspectores.
López Miras ha recalcado que, entre todas las personas investigadas, no figura ningún cargo político. Ha defendido el nombramiento de Ayala por ‘su trayectoria profesional y su amplia experiencia asistencial y de gestión’.
En relación con los pacientes afectados, ha señalado que el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca ha revisado los expedientes y ha atendido a quienes han pedido una revisión personalizada.
Según ese servicio clínico, ‘no existe ningún episodio clínico compatible o relacionado con implantes quirúrgicos caducados’ entre los pacientes analizados. El presidente ha añadido que los profesionales sanitarios siguen a disposición de cualquier persona que necesite más información o nuevas comprobaciones.
El PSOE reclama el cese inmediato de la consejera
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha cuestionado que López Miras nombrara consejera a quien dirigía el SMS cuando se habrían producido las presuntas irregularidades.
Fernández ha señalado que la investigación policial apunta a un posible perjuicio económico de 6,9 millones de euros y a la implantación de al menos dos dispositivos caducados.
También ha preguntado qué recorrido tuvo una advertencia interna emitida en abril de 2024 sobre problemas de trazabilidad y seguridad en los materiales sanitarios.
‘Un presidente responde de a quién nombra y responde, sobre todo, de a quién sostiene cuando ya sabe lo que ha ocurrido’, ha afirmado la portavoz socialista.
Fernández ha exigido el cese inmediato de Ayala. Además, ha reclamado que se informe de forma individual a los pacientes con dudas sobre sus intervenciones, que se entregue a la Asamblea la documentación solicitada desde mayo y que se amplíen las revisiones.
La portavoz del PSOE también ha pedido explicaciones por el reciente cese de tres subdirectores generales del SMS. Ha advertido, además, de que la revisión de las compras de prótesis de Traumatología abre nuevos interrogantes.
‘No pueden convertir los ceses en la prueba de que ahora están poniendo orden sin explicar por qué antes no se puso ese orden’, ha sostenido Fernández.
En su réplica, López Miras ha rechazado las acusaciones socialistas y ha reiterado que la investigación ha llegado a la Fiscalía a través de los servicios de inspección del propio SMS.
El presidente ha reprochado a Fernández que, a su juicio, haya extendido sospechas sobre el conjunto de los facultativos del sistema sanitario regional. ‘Cuando se habla de aspectos clínicos, lo más prudente y lo más responsable es atender a lo que dicen los servicios clínicos’, ha señalado.
Vox pide una auditoría forense independiente
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido que el debate debe incluir tanto las posibles responsabilidades penales como las políticas.
‘La justicia persigue delitos y a quienes los cometen, y aquí hablamos de responsabilidad, de ética política y de confianza pública’, ha afirmado.
Martínez Alpañez ha cuestionado que Ayala fuera ascendida a consejera cuando su gestión al frente del SMS está siendo criticada.
El portavoz de Vox ha reclamado una auditoría forense independiente de los sistemas de control y vigilancia del organismo sanitario. También ha pedido a López Miras que revoque el nombramiento de la consejera.
‘Rectificar no es una derrota, es un acto de valentía y de servicio a la Región de Murcia’, ha señalado. Además, ha reclamado medidas concretas para recuperar la confianza de los pacientes.
López Miras ha rechazado que la UDEF esté investigando su gestión política. Ha insistido en que ningún miembro de su Gobierno figura como investigado en esta causa.
‘Espero que decir que la UDEF está investigando mi gestión le haya costado decirlo y escribirlo’, ha respondido el presidente a Martínez Alpañez.
Reproches del Grupo Mixto y exigencia de transparencia
La diputada de la coalición Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde, María Marín, integrada en el Grupo Mixto, ha preguntado al presidente por el cese de los subdirectores generales de Asuntos Económicos, Proyectos e Innovación y Asuntos Jurídicos del SMS.
‘Si no hay responsables políticos, ¿por qué cesó su Gobierno el pasado viernes a los subdirectores generales?’, ha planteado Marín.
La diputada ha pedido aclaraciones sobre las actuaciones de la Administración antes de que las presuntas irregularidades llegaran a la Fiscalía. También ha cuestionado que Ayala continúe al frente de la Consejería de Salud mientras sigue abierta la investigación.
Por su parte, el también diputado de la coalición, José Luis Álvarez-Castellanos, ha criticado que los grupos parlamentarios no hayan recibido aún la documentación solicitada.
‘No le pido eslóganes políticos, le pido transparencia‘, ha afirmado Álvarez-Castellanos, que ha pedido explicaciones sobre lo ocurrido durante los años en los que presuntamente se habría desarrollado la trama.
El diputado ha reclamado detalles sobre los mecanismos de control de las compras y sobre las derivaciones sanitarias bajo sospecha.
El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha considerado prematuro exigir reiteradamente el cese de Ayala. Ha defendido que su gestión debe evaluarse por el trabajo que desarrolle al frente de la Consejería.
La diputada del mismo grupo Virginia Martínez ha aprovechado el debate para reclamar una mejora de la gestión sanitaria y la aprobación de nuevos Presupuestos regionales.
El PP respalda la actuación de la Administración
La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido que el presunto fraude se ha puesto bajo investigación porque los servicios de la Administración autonómica han detectado las irregularidades.
Según ha detallado, esos servicios han encargado una auditoría interna y han trasladado los hechos a la Justicia.
‘Nosotros, ante un posible hecho delictivo, denunciamos, colaboramos con la Justicia, la dejamos trabajar y acatamos y respetamos cualquier resolución judicial’, ha afirmado Ruiz.
La diputada popular ha respaldado el nombramiento de Ayala y ha rechazado las críticas del PSOE. Ha acusado a los socialistas de utilizar la comparecencia para desviar la atención de los asuntos que afectan al Gobierno central.
Ruiz ha insistido en que, según las revisiones realizadas por el Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Arrixaca, no se han encontrado complicaciones clínicas atribuibles a implantes fuera de fecha entre los pacientes examinados.
López Miras ha cerrado su intervención reafirmando su respaldo a la consejera Ayala. Ha asegurado que el SMS seguirá colaborando con las autoridades judiciales, reforzando los controles internos y adoptando las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes y la correcta utilización de los fondos públicos.
