El Gobierno ha aprobado el reparto de 69,2 millones de euros en fondos agrarios entre las comunidades autónomas, de los que 50,17 millones se han destinado a compensar el encarecimiento de fertilizantes y energía que afecta a agricultores y ganaderos en todo el país.
De esa cuantía principal, procedente de la reserva agrícola de la Unión Europea asignada a España, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha han resultado las regiones más beneficiadas. La Comunitat Valenciana no figura entre las tres primeras, aunque también recibirá parte de estos recursos en función de su superficie agraria útil en 2024.
Según ha explicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los 50.174.300 euros europeos se han orientado a apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por el aumento de los costes de producción derivado de la crisis en Oriente Próximo. Cada comunidad autónoma decidirá cómo aplicar los fondos en su territorio.
Más flexibilidad para las comunidades
El departamento de Luis Planas ha destacado que las autonomías podrán usar estos recursos para complementar las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo central con ‘mayor flexibilidad‘ y para atender otras necesidades específicas del sector agrario.
La ayuda europea está dirigida a explotaciones cuya viabilidad económica se ha visto comprometida. Los recursos deberán cubrir el aumento de costes en fertilizantes, energía o ambos conceptos, siempre teniendo en cuenta las pérdidas económicas sufridas.
La normativa comunitaria no fija un modelo único de ayuda. Por tanto, cada comunidad autónoma podrá definir los sectores, superficies y beneficiarios a los que dirige su asignación. Podrá reforzar explotaciones ya atendidas por la ayuda estatal o poner en marcha actuaciones distintas cuando detecte necesidades adicionales.
Además, las autonomías podrán aportar fondos propios de manera adicional por un importe de hasta el 200% de la cantidad que reciban con cargo a la reserva agrícola. Esa posibilidad permite multiplicar el impacto de la ayuda si un territorio decide movilizar recursos propios.
El Ministerio ha precisado que las ayudas de la reserva agrícola pueden cubrir hasta el 100% de los sobrecostes justificados en fertilizantes y energía. No obstante, ha advertido de que deberán evitarse distorsiones de mercado y situaciones de sobrecompensación frente a otras ayudas nacionales o europeas ya percibidas para los mismos costes.
Todas las comunidades autónomas han expresado su interés en utilizar estos fondos y su conformidad con las asignaciones comunicadas por el Gobierno.
Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha concentran más fondos
En el reparto de algo más de 50 millones de euros, calculado en función de la superficie agraria útil de cada territorio en 2024, Castilla y León ha recibido casi 10,4 millones. Andalucía supera los 9,9 millones y Castilla-La Mancha rebasa los 8,98 millones.
El resto de comunidades, incluida la Comunitat Valenciana, se reparten la cuantía restante de la reserva agrícola para sus agricultores y ganaderos. En todos los casos, la prioridad es mitigar el impacto del incremento de precios de insumos básicos.
Las ayudas con cargo a la reserva agrícola deberán pagarse como máximo el 28 de febrero de 2027. La financiación complementaria que puedan habilitar las comunidades autónomas con fondos propios se podrá abonar hasta el 31 de mayo de 2027.
19,1 millones para sanidad animal
Además de los fondos para fertilizantes y energía, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado distribuir 19,1 millones de euros entre las comunidades autónomas para actuaciones de sanidad animal.
Estos recursos se destinan al control y erradicación de enfermedades ganaderas. El reparto se ha producido después de su aprobación en el Consejo de Ministros celebrado este martes.
En este bloque, los mayores importes corresponden a Castilla y León, con unos 8,04 millones; Extremadura, con casi 3,19 millones; y Cataluña, con más de 2,01 millones. El resto de autonomías, incluida la Comunitat Valenciana, recibirá cantidades menores para reforzar sus programas sanitarios.
Entre las medidas financiadas figura el apoyo al programa nacional de control y eliminación de la tuberculosis bovina. El objetivo es compensar la falta de cofinanciación europea y sostener las campañas de vigilancia y sacrificio de animales positivos.
Se incluyen también las indemnizaciones tramitadas en 2026 vinculadas a la gestión de focos de influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa. Estas actuaciones contemplan el vaciado sanitario de explotaciones afectadas y la aplicación de vacunas frente a la DNC, con una colaboración financiera del 50%.
Otra línea de actuación es la compra de vacunas frente a la lengua azul en territorios donde se detecten nuevos serotipos durante 2024. Esta medida afecta a Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia.
Posible acuerdo sobre la PAC 2028-2032
En paralelo, el ministro Luis Planas ha informado en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera Común, celebrado este miércoles, sobre la posibilidad de que la próxima semana el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea alcance un acuerdo político sobre la futura Política Agraria Común 2028-2032.
Según ha recordado el Ministerio, la última propuesta de la presidencia irlandesa incorpora la aspiración de España de lograr una dotación de fondos equivalente a la del periodo actual. Para ello, prevé dos mecanismos que podrían complementar la asignación inicial.
La aplicación de esos mecanismos deberá decidirse a nivel europeo o nacional, una vez se cierre el acuerdo político. El Gobierno insiste en que mantener el volumen de fondos resulta clave para la estabilidad de agricultores y ganaderos.
En materia de pesca, el Consejo de Ministros de la próxima semana analizará el informe sobre simplificación, aplicación y ejecución presentado por la Comisión Europea. Este documento revisa cómo se aplican las normas y qué margen hay para reducir cargas.
Según recoge el Ministerio, el titular de Agricultura ha señalado que ‘no hay suficientes avances’ en ese informe. Por ello ha reclamado pasos más rápidos por parte de Bruselas.
‘La Comisión debe avanzar, a la mayor brevedad, en asuntos como la adopción de Totales Admisibles de Captura y cuotas plurianuales y en adelantar las decisiones sobre estas para que la flota no tenga que esperar a diciembre para conocer las posibilidades de pesca y que pueda tener más previsibilidad y estabilidad’ y ‘debe abordar la modificación del plan plurianual del Mediterráneo’, ha afirmado Planas.
