La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes un aumento del 3,8% en la financiación de plazas y servicios para mayores y personas con discapacidad. La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y añadirá más de siete millones de euros anuales. También incrementará en más de 340.000 euros la financiación de programas de nueve entidades sociales y actualizará el precio de la ayuda a domicilio.
La proposición de ley del Partido Popular se ha tramitado por urgencia y mediante lectura única. Desde el 1 de enero de 2027, el Servicio de Ayuda a Domicilio costará 20 euros por hora, IVA incluido. Por tanto, la actualización afecta tanto a servicios concertados como a convenios y programas sociales.
La diputada del PP Mari Carmen Pelegrín ha afirmado que el incremento acumulado durante la legislatura alcanzará el 18,73% en dependencia y el 25% en discapacidad. Ha defendido que las mejoras reflejan el compromiso del Ejecutivo autonómico con la atención social. Según sus palabras, ‘son datos y no relato, son datos que demuestran el esfuerzo casi en solitario del Gobierno de la Región de Murcia’.
Pelegrín también ha señalado que el Gobierno regional ha reducido un 41,3% las personas pendientes de valoración de dependencia durante el último año. Además, el tiempo medio para obtener el reconocimiento ha bajado 61 días. Actualmente, el sistema atiende a más de 60.000 personas y ha incorporado cerca de 5.000 nuevos beneficiarios durante este ejercicio.
La diputada ha avanzado la creación de más de 670 plazas nuevas para personas con discapacidad y cerca de un millar para mayores. Según sus previsiones, el aumento de plazas permitirá reducir considerablemente las listas de espera.
Las críticas de la oposición
La diputada socialista Toñi Abenza ha explicado que su grupo ha votado a favor para garantizar la financiación de las entidades sociales. Sin embargo, ha criticado que la actualización se haya aprobado en noviembre pese a aplicarse desde enero. Ha denunciado que las organizaciones llevan meses reclamando importes ajustados a los costes reales de los servicios.
‘Nuestro voto favorable no es un respaldo a esta gestión nefasta de la política social que ustedes vienen practicando desde hace décadas’, ha afirmado Abenza. La diputada ha pedido que los incrementos se abonen cuanto antes. También ha reclamado revisiones periódicas para evitar retrasos anuales que obliguen a las entidades a adelantar financiación.
La diputada de Vox María José Ruiz ha anunciado el apoyo de su formación, aunque ha cuestionado la planificación y los criterios para fijar el aumento. Ha recordado que la iniciativa se registró el 20 de octubre, pese a que sus efectos económicos se aplican desde el 1 de enero. También ha pedido explicar por qué la subida es del 3,8% y no de otra cuantía, dadas las diferencias de costes entre servicios.
‘Vox votará a favor de esta proposición y al Partido Popular le exigimos que dé una fecha para abonar las diferencias, justifique las tarifas y prepare la próxima actualización a tiempo para que las entidades puedan organizar el año desde enero’, ha señalado Ruiz. También ha criticado los plazos de las ayudas a mayores y personas con discapacidad. Según ha asegurado, algunas prestaciones correspondientes a 2026 no se abonarán hasta 2027.
Virginia Martínez, del Grupo Mixto, ha cuestionado que el Ejecutivo recurra a una proposición urgente para actualizar la financiación. A su juicio, estas necesidades deberían haberse previsto mediante los mecanismos presupuestarios ordinarios. ‘¿Ustedes gobiernan la Región de Murcia o se limitan a improvisar soluciones para los problemas que no han sabido resolver?’, ha preguntado.
Martínez ha criticado que la Comunidad Autónoma continúe sin presupuestos para 2026. Considera necesaria la actualización de conciertos y convenios, pero ha advertido de que las entidades del tercer sector necesitan estabilidad. No deberían depender, ha sostenido, de cambios legislativos aprobados cuando el ejercicio está próximo a terminar.
Por su parte, María Marín, de Podemos-IU-AV e integrante del Grupo Parlamentario Mixto, ha considerado insuficiente el aumento del 3,8%. Ha afirmado que no compensa el incremento de los costes. ‘La primera valoración que queremos hacer desde nuestro grupo parlamentario es que esta proposición de ley, el incremento que propone, ya se ha quedado absolutamente desfasado’, ha declarado.
Marín ha añadido que Murcia necesitaría más de 7.500 plazas residenciales adicionales para mayores. El objetivo sería alcanzar cinco plazas por cada cien personas mayores, según los datos que ha atribuido a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. También ha cuestionado el modelo residencial autonómico. A su juicio, depende demasiado de grandes operadores privados y la revisión de tarifas no corrige los problemas estructurales del sistema.

