El Constitucional ampara a una empresaria murciana por un juicio que desconocía

El Constitucional considera que el juzgado debió intentar notificar a la empresaria en su centro de trabajo de Lorca antes de recurrir a edictos.

El Tribunal Constitucional ha amparado a una empresaria de la Región de Murcia condenada a pagar más de 35.000 euros, al concluir que no conoció el juicio por un despido. La Sala Segunda considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. El juzgado notificó el proceso por edictos sin intentar avisarla en su centro de trabajo de Lorca.

La sentencia, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), atribuye la indefensión al Juzgado de lo Social número 5 de Murcia. El tribunal señala que la dirección de Lorca aparecía en la demanda y constaba en el contrato y en la carta de despido.

El caso comenzó en marzo de 2022, cuando una extrabajadora presentó una demanda por despido y reclamación de cantidad. El escrito incluía un domicilio social en Puerto Lumbreras, donde ya había sido imposible localizar a la empresaria para la conciliación previa. También facilitaba una dirección para notificaciones en Lorca.

Pese a ese dato, el juzgado envió las citaciones a Puerto Lumbreras. Después solicitó información al Instituto Nacional de Estadística (INE) y probó con otra dirección, en la pedanía lorquina de Campillo. Finalmente, dio por imposible localizar a la empleadora y la citó mediante anuncios oficiales en el BOE.

La empresaria no recibió ningún aviso y no acudió al juicio, que se celebró en su ausencia. En diciembre de 2023, el juzgado la condenó a pagar más de 35.000 euros brutos. La cantidad incluía indemnización, salarios de tramitación y cantidades pendientes.

El proceso se conoció cuando, en enero de 2025, el juzgado embargó sus cuentas bancarias para cobrar la deuda. La afectada pidió entonces la nulidad del juicio, pero el juzgado rechazó su solicitud. Argumentó que no podía exigírsele una ‘búsqueda detectivesca’ para encontrarla.

La notificación en Lorca bastaba

El Constitucional sostiene que no hacía falta realizar investigaciones adicionales. Según la sentencia, habría bastado con leer la demanda para encontrar la dirección del centro de trabajo en Lorca. Por ello, considera que recurrir directamente a los edictos, sin intentar esa vía, dejó a la empresaria sin posibilidad de defenderse en el juicio.

Sin embargo, el tribunal no ha anulado el proceso ni ha ordenado repetirlo. Las partes alcanzaron después un acuerdo económico durante la fase de embargo. Ese acuerdo quedó cerrado y archivado en julio de 2026, por lo que el Constitucional ha reconocido la vulneración, pero no ha dispuesto que se celebre un nuevo juicio.

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