La Asamblea Regional ha dado luz verde a la tramitación de una ley que equipara los grados de dependencia y discapacidad y elimina el copago para personas con dependencia extrema de grado III+ en la Región de Murcia. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, y todavía debe completar su recorrido parlamentario.
Tras el debate, la Mesa de la Cámara deberá abrir ahora el plazo de audiencias legislativas y remitir el texto a la comisión correspondiente. A partir de ahí continuará la tramitación, en la que los grupos podrán presentar enmiendas y modificar el contenido de la proposición.
El diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha detallado que el objetivo central es agilizar los procedimientos administrativos. Según ha explicado, se quiere evitar que quienes ya tienen reconocida una situación de dependencia deban someterse a una nueva valoración para obtener el reconocimiento de discapacidad.
En concreto, la propuesta fija una equivalencia directa entre los grados de dependencia y los porcentajes oficiales de discapacidad. El grado I de dependencia se equiparará a un 33% de discapacidad, el grado II a un 66% y el grado III a un 75%.
Miralles ha destacado que este último porcentaje mejora la equivalencia prevista en la normativa estatal, que es inferior. A su juicio, el reconocimiento del 75% permitirá acceder a derechos vinculados a las dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos y a la necesidad de asistencia de una tercera persona.
La proposición también prevé que estas nuevas equivalencias puedan tener efectos tributarios en el ámbito autonómico. No obstante, estos efectos quedarán condicionados a lo que concrete la normativa fiscal de la propia Región de Murcia.
La segunda gran medida impulsada por el PP consiste en eximir del régimen de participación económica, conocido como copago, a las personas con dependencia extrema de grado III+. Entre los beneficiarios se encontrarían pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) avanzada y personas con otras patologías o procesos irreversibles que requieren cuidados de alta complejidad.
Miralles ha recordado que, cuando se registró la proposición, se estimó que entre 26 y 50 personas de la Región podrían cumplir estos criterios. Además, ha cifrado en unos 2,9 millones de euros el gasto máximo anual previsto para las prestaciones asociadas a este grado de dependencia.
El parlamentario popular ha defendido que la reforma permitirá simplificar trámites, reducir las esperas y mejorar la atención a las personas dependientes. ‘Es el momento de hacer política de la buena’, ha afirmado, antes de pedir el apoyo del resto de grupos ‘por humanidad y por justicia’.
Apoyos con reproches desde la oposición
La diputada socialista Toñi Abenza ha respaldado la tramitación, pero ha reprochado al PP que estas medidas lleguen tras meses de reclamaciones de las familias. ‘Nunca es tarde si la dicha es buena. Me alegro de que hayan rectificado’, ha manifestado.
Abenza ha subrayado que la propuesta adapta la normativa autonómica a la Ley estatal 4/2026. Según ha explicado, esta norma ya ha introducido avances en materia de dependencia y discapacidad en todo el país.
En este contexto, la diputada del PSOE ha advertido de que el reconocimiento de nuevos derechos debe ir acompañado de recursos suficientes. A su juicio, solo así se puede garantizar que estos derechos se apliquen de forma efectiva.
Abenza también ha criticado los retrasos en la tramitación de expedientes de dependencia en la Región de Murcia. Ha cifrado la demora media en 542 días y ha dudado de que el Gobierno regional cuente con profesionales y equipos de valoración suficientes para reducir estos plazos.
Desde Vox, la diputada María José Ruiz ha justificado la abstención de su grupo por lo que considera deficiencias jurídicas y económicas del texto. Aun así, ha reconocido que resulta necesario simplificar los procedimientos de reconocimiento de dependencia y discapacidad.
‘Crear una pasarela automática entre dependencia y discapacidad y eliminar el copago en los casos más graves es una medida con sentido común’, ha señalado Ruiz. No obstante, ha calificado la propuesta del PP como ‘chapuza legislativa’.
Ruiz ha indicado que un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea, fechado el 9 de octubre, plantea cuestiones pendientes de aclarar. Entre ellas, ha citado dudas sobre las competencias autonómicas, la regulación de la exención del copago y la memoria económica de la ley.
Por ello, ha avanzado que Vox presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria para corregir estos aspectos. Según ha dicho, el objetivo será garantizar la seguridad jurídica y la financiación de las medidas. ‘Vox no va a ser un obstáculo para que esta proposición siga su curso’, ha asegurado.
Críticas por los retrasos y la falta de recursos
La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde y miembro del Grupo Mixto, María Marín, ha apoyado la proposición, pero ha sido muy crítica con el Ejecutivo autonómico. Ha acusado al Gobierno regional de limitarse a trasladar a la normativa autonómica una reforma aprobada antes por el Congreso de los Diputados.
‘Esto no es algo que se le haya ocurrido al Partido Popular del señor López Miras’, ha afirmado Marín. La diputada ha denunciado que la Región de Murcia registra los mayores tiempos de espera del país para acceder al sistema de dependencia.
En concreto, ha cifrado en 551 días el tiempo medio para obtener una primera resolución en la Región. Además, ha asegurado que más de 14.000 personas siguen sin recibir atención pese a tener derecho a ella.
Marín ha añadido que durante el último año fallecieron 1.388 personas mientras esperaban una valoración o la prestación reconocida. A su juicio, estas cifras evidencian la gravedad del atasco en el sistema.
La diputada ha recordado que su grupo ya presentó en el pasado iniciativas para contratar más personal y unificar procedimientos. Según ha apuntado, la Asamblea Regional las aprobó, pero el Gobierno autonómico no las ha aplicado.
‘Hoy esta ley es porque les obliga la nueva legislación estatal, porque en todo lo que depende de ustedes no ha habido ni un solo avance’, ha sostenido Marín, dirigiéndose a los representantes del PP.
Finalmente, la diputada Virginia Martínez, también del Grupo Mixto, ha lamentado que el PP registre esta proposición tras años de retrasos en la gestión de la dependencia. Ha acusado al Ejecutivo autonómico de intentar obtener ‘rédito electoral’ con una iniciativa que, según ha considerado, llega tarde.
Martínez ha asegurado que existen más de 15.000 personas en lista de espera en la Región de Murcia. Además, ha cuestionado la ausencia de una memoria económica detallada que garantice la aplicación real de las medidas previstas en la ley.
La diputada ha reclamado al Gobierno regional que presente cuanto antes los presupuestos autonómicos. En su opinión, solo así se podrán asegurar los recursos necesarios para que las mejoras lleguen a las personas dependientes.
‘No hay nada que celebrar’, ha concluido Martínez. Ha insistido en que el reconocimiento formal de nuevos derechos debe traducirse en cambios efectivos para las personas dependientes y sus familias.
