El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea Regional el llamado decreto Maricarmen para forzar un debate explícito sobre vivienda, alquileres y desahucios en la Región de Murcia. La iniciativa busca que PP, Vox y los diputados tránsfugas se posicionen de forma clara sobre las medidas de protección a inquilinos y frente a la especulación inmobiliaria.
El diputado socialista Miguel Ortega ha explicado que el decreto Maricarmen tiene tres objetivos principales. Por un lado, frenar los desahucios. Además, limitar la subida de los precios del alquiler. Y, en tercer lugar, poner coto a la especulación inmobiliaria, que ha señalado como una de las causas del encarecimiento de la vivienda.
Según Ortega, el decreto podría beneficiar en la Región de Murcia a más de 120.000 personas. Estas personas, ha detallado, podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de sus contratos de alquiler. La prórroga afectaría a los contratos que vencían antes del 31 de diciembre de 2028.
El parlamentario ha subrayado que Maricarmen ‘se ha convertido en un símbolo para toda la sociedad española’. Ha recordado que ‘la lucha por el derecho a la vivienda no es algo nuevo, pero ahora se ha convertido en la principal preocupación de nuestro país y en la principal causa social’, según ha trasladado su partido.
Crítica a PP, Vox y tránsfugas
Ortega ha defendido que la vivienda se ha situado en el centro del debate social. Por ello, ha reprochado la actitud de PP, Vox y los diputados tránsfugas en la Asamblea Regional. Ha relatado que el PSOE ha presentado este pasado jueves una declaración institucional para reconocer el símbolo de Maricarmen. El texto también buscaba comprometer a todas las instituciones con el derecho a una vivienda digna.
‘¿Y qué hicieron el PP, Vox y los tránsfugas? Callar. Ni siquiera fueron capaces de pronunciarse sobre una cuestión que preocupa a miles de familias’, ha criticado el diputado.
Ante ese silencio, el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido registrar formalmente el decreto Maricarmen en la Cámara autonómica. El objetivo es obligar a todos los grupos parlamentarios a fijar una posición pública y concreta sobre sus medidas.
‘Ortega ha advertido de que ‘su silencio no baja los alquileres, no frena los desahucios ni soluciona el problema de la vivienda’. A su juicio, ‘ahora tendrán que decir claramente qué quieren hacer’.
El diputado ha acusado además al Gobierno regional de actuar en contra de los intereses de la mayoría social. Ha afirmado que ‘la Región de Murcia no puede seguir secuestrada por los intereses de López Miras y los negocios de los fondos buitre, mientras los jóvenes no pueden emanciparse y las familias tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes’.
