El Gobierno regional ha presentado 36 alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal sobre gestión del riesgo de inundación. El Ejecutivo murciano ha advertido de que el nuevo marco puede frenar el desarrollo urbanístico, reducir suelo disponible y encarecer el acceso a la vivienda en numerosos municipios.
Las objeciones se han dado a conocer durante la toma de posesión de la nueva Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia. El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha detallado que las alegaciones buscan compatibilizar la seguridad frente a inundaciones con la actividad económica y residencial.
El documento, elaborado por las direcciones generales del Agua y de Ordenación del Territorio y Arquitectura, se centra en tres bloques principales. Por un lado, cuestiona las nuevas limitaciones de usos del suelo en zonas inundables. Por otro, alerta sobre los plazos para adaptar el planeamiento urbano. Además, señala discrepancias importantes en los caudales usados para dibujar los mapas de inundabilidad.
Limitaciones urbanísticas y seguridad jurídica
García Montoro ha señalado que el Ejecutivo central ha planteado un enfoque centrado en la restricción del suelo, pero sin avanzar al mismo tiempo en las obras de defensa. A su juicio, esta situación traslada toda la carga a los ayuntamientos y a los propietarios de suelo.
Según ha afirmado, ‘el Gobierno central no puede limitarse a poner nuevas restricciones sobre el suelo a los ayuntamientos, mientras siguen pendientes las infraestructuras de defensa y contención que necesita la Región de Murcia para reducir el riesgo de inundaciones, y que llevamos años reclamando’.
El consejero ha considerado que el proyecto introduce una regulación ‘excesivamente restrictiva en algunos de sus planteamientos’. También ha advertido de ‘problemas técnicos y de seguridad jurídica‘ que, a su juicio, deben resolverse antes de que las nuevas limitaciones tengan efectos reales sobre el territorio.
García Montoro ha recordado que ‘los mapas de inundabilidad condicionan directamente el desarrollo de nuestros municipios y, por eso, tienen que elaborarse sobre datos fiables y suficientemente justificados’. Ha defendido que una cartografía discutida o poco transparente puede generar incertidumbre en inversores, promotores y administraciones locales.
Impacto en la vivienda y en los planes generales
El Gobierno regional ha subrayado que la regulación llega en un contexto de necesidad de vivienda. Según el consejero, es necesario facilitar nuevas promociones para responder a la demanda y contener los precios, especialmente en áreas urbanas consolidadas.
En este sentido, ha advertido de que las nuevas restricciones de uso del suelo pueden dificultar el acceso a la vivienda si reducen la superficie disponible para edificar. Esa reducción puede trasladarse a menos oferta, retraso en proyectos y, finalmente, a un encarecimiento de los precios para las familias.
Las alegaciones cuestionan también el plazo de cinco años previsto para que los ayuntamientos adapten sus planes generales a la nueva normativa. El Ejecutivo regional considera que ese periodo no se corresponde con los tiempos reales de tramitación urbanística, que suelen ser largos y complejos, con múltiples informes y participación pública.
El Gobierno murciano advierte de que, si transcurre ese plazo sin que se haya aprobado la adaptación, los organismos de cuenca podrán informar de forma desfavorable los actos de desarrollo del planeamiento. Esto podría afectar a licencias, modificaciones puntuales o nuevos sectores urbanizables, generando un bloqueo práctico en algunos municipios.
El documento remitido al Estado también cuestiona las restricciones a los usos bajo rasante, que afectarían a garajes subterráneos y sótanos. El Ejecutivo regional teme que estas limitaciones encarezcan las promociones al reducir plazas de aparcamiento y espacios auxiliares, muy habituales en el tejido residencial actual.
Obras de defensa frente a inundaciones
Ante este escenario, García Montoro ha reclamado que la prevención de las inundaciones no se base únicamente en ‘prohibiciones y restricciones’. Ha insistido en la necesidad de ejecutar las infraestructuras de defensa y contención pendientes en la Región de Murcia.
Según ha señalado, estas obras ‘además de proteger a las personas, reducirían esas restricciones, compatibilizando la seguridad con el desarrollo urbano’. Es decir, permitirían una planificación más flexible en determinadas zonas, al disminuir el riesgo efectivo de inundación.
El consejero ha defendido que la combinación de medidas estructurales, como diques o encauzamientos, con una ordenación responsable del territorio ofrece mejores resultados. De este modo, se podría garantizar la seguridad sin paralizar el crecimiento de los municipios ni frenar nuevas inversiones.
Discrepancias en los caudales de cálculo
Otra de las cuestiones centrales planteadas por la Comunidad se refiere a los datos hidrológicos empleados para determinar la cartografía de las zonas inundables. El Gobierno regional ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que revise esos valores.
Según las alegaciones, se han detectado diferencias de hasta más del triple entre algunos de los caudales utilizados para elaborar los mapas y los datos oficiales de aforo. Estas divergencias afectan directamente a la delimitación de las áreas con riesgo de inundación.
En concreto, para el entorno de la ciudad de Murcia, el documento señala que el caudal de cálculo para un periodo de retorno de 100 años utilizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es de 596 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, los datos oficiales de aforo publicados por el propio Ministerio sitúan ese valor en 350 metros cúbicos por segundo.
En el caso del Reguerón, la diferencia es todavía mayor. El caudal de cálculo empleado en la cartografía es de 373 metros cúbicos por segundo, frente a los 110 metros cúbicos por segundo recogidos en los datos de aforo. Estas variaciones pueden ampliar considerablemente la superficie considerada inundable.
El Gobierno regional ha reclamado que estas discrepancias se expliquen y se resuelvan antes de que la cartografía tenga nuevos efectos normativos. Considera que los datos empleados condicionan las posibilidades de desarrollo de los municipios, ya que influyen en qué suelos quedan afectados por restricciones y qué proyectos pueden seguir adelante con normalidad.
