Los tribunales españoles han procesado a 30 personas por corrupción entre abril y junio de 2026 y han dictado 19 sentencias. En la Región de Murcia se han registrado dos de esas sentencias, ambas condenatorias, dentro de un periodo en el que el 84,2 % de los fallos en España han sido condenatorios.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que las 30 personas procesadas son físicas. Los jueces han abierto juicio oral o dictado auto de procesamiento en seis procedimientos por corrupción.
Andalucía ha concentrado 21 de los procesados; Extremadura, cuatro; Madrid, tres, y la Región de Murcia, dos. Ninguna persona jurídica ha sido objeto de estos autos, según el CGPJ.
Sentencias y delitos incluidos
De las 19 sentencias dictadas en España durante el segundo trimestre, 16 han sido total o parcialmente condenatorias y tres absolutorias. Una resolución se ha dictado en órganos centrales; cinco, en Andalucía; tres, en Castilla y León; tres, en Extremadura; dos, en la Región de Murcia; dos, en Cataluña; dos, en Valencia, y una, en Canarias.
Los datos proceden del repositorio público del CGPJ sobre procedimientos por corrupción. El órgano señala que permite conocer la actuación de la justicia dentro de la lucha contra estos delitos.
El repositorio recoge casos de corrupción pública, que el CGPJ considera la que más preocupación genera entre la ciudadanía. Incluye procedimientos contra funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, cuando existe afectación de dinero público.
Los delitos contemplados abarcan la corrupción administrativa y política. Entre ellos figuran la prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, la prevaricación de funcionarios, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos.
También se incluyen el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y las exacciones ilegales. La relación comprende además negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, abusos en el ejercicio de su función y corrupción en los negocios.
Refuerzo de los juzgados de lo Social
Por otra parte, la Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado las bases para un plan de choque en los órganos de la jurisdicción social con más asuntos pendientes o retrasos en los señalamientos.
La decisión se ha tomado tras un informe del Servicio de Inspección. Este ha identificado los órganos de lo Social con más asuntos pendientes o mayores tiempos de respuesta.
El CGPJ ha advertido de que la elevada carga de trabajo condiciona la situación de esta jurisdicción en el conjunto de España. Además, los tiempos de respuesta han aumentado ligeramente durante el primer trimestre del año.
El plan prevé actuaciones inmediatas en las 50 plazas de lo Social con mayor pendencia y medidas específicas en los partidos judiciales más congestionados. Estará vigente hasta que entren en funcionamiento las nuevas plazas creadas por el Gobierno y podrá revisarse periódicamente.
La Comisión Permanente ha pedido a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia que presenten propuestas de apoyo en un plazo de quince días. Los refuerzos recaerán preferentemente en jueces de adscripción territorial, jueces en prácticas o de refuerzo y magistrados de plazas sin sobrecarga.
En los órganos reforzados se dará prioridad a los despidos y otros procedimientos de tramitación preferente. También se atenderán antes las prestaciones de Seguridad Social de subsistencia y la tutela de derechos fundamentales. Los asuntos señalados se adelantarán por orden de antigüedad.
Además, el CGPJ se ha dirigido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías autonómicas con competencias transferidas. Les ha pedido cubrir prioritariamente las vacantes de los servicios comunes del área social y proporcionar los medios para aplicar los refuerzos.
También deberán garantizar, antes del 1 de junio de 2027, la plantilla, las salas y los medios de las plazas judiciales de nueva creación.
