El Ayuntamiento de Lorca ha revisado 170 expedientes por posibles irregularidades en viviendas y ha efectuado 356 inspecciones domiciliarias en lo que va de año. Estas actuaciones forman parte del plan municipal para garantizar la veracidad del Padrón Municipal de Habitantes y depurar posibles empadronamientos indebidos.
Estos datos se han dado a conocer en la reunión del Órgano de Control del Padrón Municipal, presidida por la concejala delegada del área, Belén Pérez. En el encuentro han participado también técnicos y representantes de los distintos servicios municipales implicados en esta tarea de supervisión.
Control específico de viviendas con muchos empadronados
Del total de 170 expedientes abiertos por posibles anomalías en inmuebles, 31 han quedado resueltos y 139 siguen en fase de instrucción, según ha informado el Consistorio. Cada uno de estos expedientes analiza situaciones en las que se sospecha que la información del padrón no refleja la realidad de la residencia efectiva.
Fruto de estas investigaciones, el Ayuntamiento ha enviado 339 requerimientos a propietarios y residentes para aclarar la situación de las viviendas y de las personas empadronadas. Además, se han tramitado 87 expedientes de baja de oficio por falta de residencia efectiva, 110 cambios de domicilio y 51 nuevas altas en el padrón.
En paralelo, el Consistorio ha tramitado 110 expedientes a petición de ciudadanos cuya solicitud de empadronamiento necesitaba verificación previa. Se trata de casos relacionados con inmuebles donde ya figuran más de ocho personas empadronadas, viviendas bajo investigación o situaciones en las que los propietarios se niegan a facilitar la inscripción.
De este bloque de 110 solicitudes, 17 han sido denegadas y nueve han resultado autorizadas tras la comprobación. Además, 18 siguen en tramitación y unas 50 esperan aún informe de la Policía Local o de los agentes censales antes de adoptar una decisión definitiva.
En materia de control sobre el terreno, los agentes de la Policía Local de Lorca han realizado 356 visitas e inspecciones a viviendas en lo que va de año. Estas intervenciones han dado lugar a la redacción de 252 informes y al intento de identificación de 1.144 personas.
Durante estas actuaciones, los agentes han logrado localizar e identificar de forma fehaciente a 892 vecinos. El resto de las personas incluidas en los informes no se han podido acreditar en el momento de la visita, lo que obliga a continuar las comprobaciones.
Las inspecciones sobre el uso de los inmuebles han derivado también en la apertura de 25 expedientes por posibles infracciones urbanísticas. Estas infracciones están asociadas a cambios de uso no autorizados de las viviendas o de otras construcciones.
Como resultado de las visitas, el Ayuntamiento ha trasladado 42 expedientes al Catastro para que verifique alteraciones físicas o estructurales en los inmuebles. En concreto, la inspección ha detectado 22 cambios de uso, cuatro ampliaciones, tres reformas y cinco casos combinados de ampliación y cambio de uso.
Más coordinación entre administraciones
En cuanto a la coordinación entre organismos públicos, el Ayuntamiento de Lorca ha remitido a lo largo del año 27 expedientes al Servicio de Catastro y 31 al departamento municipal de Sanciones. Además, ha derivado dos expedientes a Servicios Sociales, uno a Sanidad y cinco a la Agencia Tributaria para su análisis.
El Consistorio también ha trasladado 171 consentimientos de empadronamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Con esta información, las fuerzas de seguridad pueden contrastar los datos de residencia con otras investigaciones y controles en marcha.
Entre las medidas planteadas en la reunión del Órgano de Control figura la exigencia de comprobación previa de la residencia antes de tramitar el alta o el cambio de domicilio en inmuebles bajo investigación. La medida se aplicará también a viviendas con elevada rotación de habitantes para evitar empadronamientos ficticios.
Los participantes en el encuentro han coincidido en señalar la necesidad de reforzar la plantilla de inspectores y agentes censales. Consideran que un mayor número de efectivos permitiría agilizar la resolución de los expedientes pendientes y mejorar el control del padrón en el municipio.
