El abogado de la acusación particular en el caso Auditorio, Ginés Ruiz Maciá, ha celebrado la condena del Tribunal Supremo a tres años de prisión impuesta al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez por delitos de prevaricación y falsedad documental. Ruiz Maciá, que también es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, ha defendido que esta resolución judicial confirma que la Justicia funciona y que existen consecuencias para quienes cometen irregularidades.
Según ha explicado, la sentencia del Supremo ‘es motivo de celebración en lo profesional, pero también como ciudadano, que veamos que la Justicia funciona, que el que la hace la paga’. Estas declaraciones, difundidas por el partido, subrayan la importancia que la acusación particular otorga a la decisión del Alto Tribunal.
Crítica a un modelo de gobierno
El abogado ha ido más allá de la responsabilidad individual del exdirigente regional y ha vinculado el fallo con una forma concreta de ejercer el poder en la Región de Murcia. A su juicio, ‘lo que se ha condenado en el Supremo no es solo a una persona, es un modelo de gobierno, es una forma de gestionar que lleva ya 30 años arruinando esta Región’.
Ruiz Maciá ha enmarcado así la condena dentro de una crítica más amplia al modo en que se ha gestionado la Administración autonómica durante las últimas décadas. Ha insistido en que el caso Auditorio refleja prácticas que, según sostiene, han perjudicado de forma continuada a los ciudadanos de la Región.
En sus declaraciones, el portavoz socialista también ha aludido al actual presidente del Gobierno regional. Ha afirmado que ‘no es solo una condena a Pedro Antonio Sánchez, hay que recordar que el actual presidente del Gobierno regional entró ahí, literalmente, a guardarle la silla‘. Con esta frase ha querido remarcar, según su valoración, la continuidad entre antiguos y actuales responsables políticos.
La decisión del Supremo ha supuesto el cierre de uno de los procedimientos judiciales más relevantes de los últimos años en la Región de Murcia. Para la acusación particular, la sentencia lanza un mensaje de advertencia frente a posibles abusos en la gestión pública y refuerza la idea de que los cargos públicos deben responder por sus actos ante los tribunales.
