La Guardia Civil ha detenido a un cazador e investigado a otro por cazar ilegalmente ciervos adultos en Caravaca de la Cruz y Moratalla. La operación Puntas, desarrollada en la comarca del Noroeste junto a agentes medioambientales de la Región de Murcia, ha permitido esclarecer dos casos de furtivismo durante la berrea.
Los dos hombres están acusados, como presuntos autores, de delitos contra la flora y la fauna. Además, ambos han recibido denuncias por varias infracciones administrativas relacionadas con la normativa de caza.
La investigación comenzó hace unas semanas, después de que varios titulares cinegéticos alertaran de actividades furtivas en distintos puntos de la comarca. Las denuncias coincidieron con la berrea, el periodo de celo en que los ciervos machos emiten bramidos para atraer a las hembras.
Ante la merma significativa de ciervos machos adultos, especialistas del Seprona coordinaron sus actuaciones con agentes medioambientales en Moratalla. Los equipos reforzaron los servicios nocturnos para detectar y tratar de erradicar la caza ilegal.
Dos ciervos abatidos sin permiso
El primer caso se produjo hace dos semanas, tras el aviso de ciudadanos. La Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz localizó a un hombre que acababa de abatir un ciervo adulto de catorce puntas, cerca de otros dos cazadores.
Tras disparar, el sospechoso huyó hacia una zona de monte. A aproximadamente un kilómetro, los especialistas encontraron un vehículo estacionado y una funda de rifle en el suelo, a pocos metros.
Esos indicios ayudaron a identificar al presunto autor. Las pesquisas confirmaron que no tenía autorización de ningún coto de la zona para cazar. La Guardia Civil lo localizó y detuvo.
La pasada semana, mientras seguía activo el dispositivo preventivo, una sociedad de cazadores de Caravaca denunció otro posible caso. Según su aviso, un hombre había difundido en una red social un vídeo en el que presumía de abatir un ciervo macho adulto de once puntas.
El animal habría sido cazado sin permiso en un acotado propiedad de la sociedad. El Seprona reunió indicios y la Guardia Civil investigó al sospechoso por un presunto delito contra la flora y la fauna.
La colaboración de agentes medioambientales y cazadores de la zona ha sido determinante para esclarecer los hechos, según la Guardia Civil. Las penas previstas para estos delitos incluyen prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses.
En todo caso, también contemplan inhabilitación especial para ejercer una profesión u oficio y para cazar o pescar durante dos a cuatro años.
