El despacho que fundó Joaquín Martínez Salmerón, diputado socialista por la Región de Murcia en el Congreso, ha actuado en los juzgados en representación de fondos de inversión internacionales para ejecutar hipotecas y tramitar desalojos de viviendas, según ha publicado el diario La Verdad.
Los letrados que administran las sociedades vinculadas a ese bufete representan en la actualidad los intereses de estos fondos, calificados habitualmente como fondos buitre, en al menos 14 procedimientos de ejecución hipotecaria activos en la Región de Murcia.
De acuerdo con la información adelantada, la participación del despacho se centra en procedimientos de ejecución hipotecaria. Estos procesos suelen concluir, si se estima la demanda, con la subasta de la vivienda y, en muchos casos, con el consiguiente desalojo de los ocupantes.
El diario ha señalado que no ha podido comprobar que Martínez Salmerón siga ejerciendo la abogacía de forma directa. Esta duda se debe a su condición actual de diputado en el Congreso, que limita su posible actividad profesional paralela.
Voto clave en los decretos de vivienda
Mientras permanece abierta la actividad procesal de las sociedades asociadas a su bufete, Martínez Salmerón tendrá un papel relevante en la Diputación Permanente del Congreso. El parlamentario votará los decretos de vivienda que el Gobierno someterá a convalidación tras el adelanto electoral.
Esos decretos incluyen medidas que afectan de forma directa a la regulación de los desahucios y de las ejecuciones hipotecarias. El voto de cada miembro de la Diputación Permanente puede resultar determinante, al sustituir en este periodo a la función ordinaria del Pleno del Congreso.
La información publicada no concreta el momento exacto en que el bufete comenzó a representar a estos fondos de inversión en los juzgados murcianos. Tampoco aclara si esa labor profesional coincidió con el inicio de la actividad parlamentaria de Martínez Salmerón o si se trata de una etapa anterior.
Sí subraya, en cambio, que las sociedades vinculadas al despacho siguen presentes en, al menos, 14 procedimientos en curso en los tribunales de la Región de Murcia. Esos casos afectan a familias y propietarios con hipotecas en situación de impago, cuyos contratos han pasado a manos de fondos internacionales especializados en la compra de deuda.
