La avería del trasvase amenaza el riego de 70 hectómetros cúbicos

Fernando Rubio duda de que los regantes reciban antes de fin de año los cerca de 70 hectómetros cúbicos pendientes. También reclama inversiones y cuestiona las nuevas reglas del trasvase.

La avería del canal del trasvase Tajo-Segura podría impedir que los agricultores reciban antes del 31 de diciembre unos 70 hectómetros cúbicos pendientes para regadío. Fernando Rubio, vicepresidente segundo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), ha expresado sus dudas sobre los plazos de reparación durante una comparecencia en la Asamblea Regional.

Rubio ha distinguido entre el agua para abastecimiento y la destinada al campo. ‘El agua de abastecimiento sí que creo yo que va a llegar a tiempo para poder consumirse, pero el agua de regadío tengo mis dudas’, ha afirmado ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura.

El representante de los regantes ha pedido más inversión para mantener el canal. Los usuarios pagan alrededor de 12 millones de euros anuales por esa infraestructura, pero, según ha señalado, la avería evidencia la necesidad de dedicarle más recursos. ‘Echamos en falta que se invierta más dinero en el canal para que no tengamos el problema que tenemos ahora’, ha dicho. También ha lamentado que el problema haya surgido en un año con importantes reservas de agua disponibles.

Reglas de explotación y recursos alternativos

El vicepresidente del SCRATS ha advertido de que las nuevas reglas de explotación reducirían los recursos para la agricultura del sureste. En el nivel 3, los envíos pasarían de 20 a nueve hectómetros cúbicos; de estos, 7,5 se reservarían para abastecimiento. ‘Para regadío prácticamente no quedaría nada’, ha alertado.

En el nivel 2, según Rubio, los trasvases bajarían de 27 a 18 hectómetros cúbicos. Además, subirían los umbrales de reservas exigidos en los embalses de cabecera para autorizar transferencias. Rubio ha afirmado que las reglas suponen ‘prácticamente casi la defunción’ del trasvase y podrían comprometer la continuidad de explotaciones agrícolas.

También ha cuestionado el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. A su juicio, no cuenta con suficiente justificación técnica: ‘Nosotros pensamos que no, que las razones del aumento del caudal ecológico son más bien razones políticas que técnicas’. Ha defendido que existen alternativas para mejorar las condiciones ambientales del río sin recortar los recursos del sureste.

Rubio ha reclamado acelerar las inversiones en desalación, en particular la ampliación de la planta de Torrevieja y su conexión con los canales del trasvase. Esta conexión sigue pendiente, pese a que hace aproximadamente tres años se presentó un anteproyecto. Ha definido la desalación como ‘imprescindible, complementaria’ y ha pedido disponer de recursos alternativos antes de reducir las aportaciones del Tajo: ‘Cuando hay una sustitución de un aporte debe estar otro aporte preparado’.

El agua desalada puede costar, según sus estimaciones, entre 1,20 y 1,30 euros por metro cúbico. Los agricultores abonan actualmente unos 40 céntimos. Asimismo, ha denunciado trabas administrativas a las cesiones de derechos de agua. Según ha señalado, el Ministerio para la Transición Ecológica impidió en agosto una operación entre regantes de Aranjuez y del sureste para transferir 30 hectómetros cúbicos.

Posturas de los grupos parlamentarios

Fernando Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, ha defendido que las nuevas reglas no se apliquen hasta evaluar los efectos del aumento de los caudales ecológicos. ‘La nueva regla de explotación del trasvase no se debería aplicar en tanto en cuanto no se evalúen las consecuencias que ha ocasionado el aumento de los caudales ecológicos’, ha declarado. Moreno ha asegurado que el PSOE defenderá el trasvase y ha reprochado al presidente regional, Fernando López Miras, que no haya convocado la mesa del Pacto Regional del Agua desde su firma en 2018. También ha citado iniciativas para seguir el cuarto ciclo de planificación hidrológica y ha pedido recuperar el consenso político.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha criticado que el cuarto ciclo prevea menos aportaciones al sureste. Ha contrastado el caudal ecológico de 8,6 metros cúbicos por segundo que contempla la planificación del Tajo con las medidas del Segura para afrontar menos recursos de regadío. Ha calificado el planteamiento de ‘política de tanatorio’ y ha cuestionado que la desalación y la reutilización compensen suficientemente los recortes. También ha reclamado cambios para evitar perjuicios a la agricultura y la economía de Murcia, Alicante y Almería.

José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto y miembro de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, ha rechazado que el aumento de caudales responda solo a una estrategia ideológica del Gobierno central. Ha dicho que las resoluciones judiciales vinculan estas medidas al cumplimiento de la normativa europea y ha pedido evitar presentar el cierre del trasvase como inevitable. ‘El trasvase no se va a cerrar’, ha afirmado.

Álvarez-Castellanos también ha planteado debatir si el regadío actual se ajusta a los recursos disponibles. ‘La cuestión es plantearse si lo que hemos dimensionado con el trasvase Tajo-Segura es sostenible o no es sostenible’, ha señalado. Ha propuesto que agricultores, organizaciones ecologistas, sindicatos y representantes políticos busquen soluciones para mantener la actividad agrícola.

Por su parte, Jesús Cano, del Grupo Parlamentario Popular, ha responsabilizado al Gobierno central de la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y ha exigido acelerar la reparación. ‘Los agricultores no pueden esperar indefinidamente’, ha advertido. Cano ha defendido el peso económico del trasvase, ha rechazado las críticas al dimensionamiento del regadío y ha reclamado ‘planificación, inversión y responsabilidad’ para proteger el empleo, las empresas y la actividad agrícola de la Región de Murcia.

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