La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional ha aprobado este jueves por unanimidad reclamar medidas de apoyo para los apicultores murcianos. La iniciativa de Vox responde a la expansión de especies invasoras, especialmente la avispa oriental, detectada en varios puntos de la Región de Murcia. En la misma sesión han salido adelante propuestas sobre la variante ferroviaria de Alumbres, el puerto pesquero de Águilas y la navegación en el Mar Menor.
El diputado de Vox Pascual Salvador ha señalado que la Vespa orientalis está asentada en el Valle de Escombreras, La Unión, Fuente Álamo y Cartagena. Según ha indicado, más de 300 familias murcianas dependen directamente de la apicultura.
Salvador ha denunciado que los profesionales afrontan con recursos propios la instalación de trampas, la búsqueda de ejemplares y la retirada de nidos. Ha reclamado vigilancia, detección temprana, protocolos de actuación y ayudas económicas.
También ha criticado que la Asociación de Apicultores lleve todo 2026 solicitando una reunión con las consejerías competentes, sin haber sido recibida. ‘Los apicultores necesitan también cercanía de su administración más cercana, que es la Administración regional’, ha afirmado.
El socialista Fernando Moreno ha propuesto ampliar la respuesta a otras amenazas, como el cambio climático, los productos fitosanitarios y la pérdida de biodiversidad. Ha defendido un plan regional de protección de los polinizadores, y Vox ha aceptado las enmiendas del PSOE.
María Marín, de Podemos-IU-AV en el Grupo Mixto, ha pedido actuaciones selectivas y supervisadas por profesionales. El popular Jesús Cano ha reclamado un plan nacional y más coordinación entre administraciones.
Las otras iniciativas aprobadas
La Comisión ha respaldado una moción del PP para pedir al Gobierno de España actuaciones sobre la variante ferroviaria de mercancías y la circunvalación de Alumbres. Los vecinos reclaman desde hace años esta infraestructura para sacar el tráfico ferroviario del núcleo urbano.
La diputada popular María Casajús ha denunciado los retrasos y ha pedido al Ministerio de Transportes compromisos concretos, financiación y plazos. La variante conectaría el puerto de Cartagena y el Valle de Escombreras con la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos y el Corredor Mediterráneo.
‘Pedimos respuestas, compromisos, financiación y plazos, y desde luego no más decisiones de espaldas a los vecinos’, ha afirmado Casajús. La socialista Carmina Fernández también ha defendido construir la variante, aunque ha rechazado que mantener la vía actual implique abandonar el proyecto.
‘Hay que hacer la variante, hay que mantener la vía que existe también, y una actuación no sustituye a la otra’, ha señalado Fernández. La diputada ha propuesto un acuerdo entre administraciones, con la participación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para abordar la financiación. Vox y el Grupo Mixto también han apoyado la ejecución de la infraestructura.
La moción socialista sobre las deficiencias y la seguridad del puerto pesquero de Águilas ha prosperado parcialmente. Solo se han aprobado los puntos segundo y quinto de los cinco sometidos a votación; los otros tres han sido rechazados.
El diputado del PSOE Juan Andrés Torres ha denunciado problemas de suministro eléctrico, falta de agua potable y deficiencias en las instalaciones. Ha asegurado que los cortes de electricidad han obligado a utilizar generadores, con un sobrecoste de unos 130.000 euros.
‘Estamos hablando de luz y de agua potable’, ha subrayado Torres, que ha reclamado condiciones adecuadas de trabajo. Jesús Cano, del PP, ha defendido que la moción había quedado ‘obsoleta’, porque varias actuaciones ya se habían ejecutado o estaban en marcha.
Cano ha explicado que el Gobierno regional ha realizado obras eléctricas y reparaciones en los pantalanes. La conexión definitiva, ha añadido, depende de la compañía eléctrica. Salvador ha reconocido las mejoras, pero ha pedido resolver el abastecimiento de agua y compensar los gastos de los pescadores. Marín ha considerado insuficientes las actuaciones y ha reclamado una intervención integral.
En el Mar Menor, la mayor parte de las medidas de Podemos para restringir la actividad motonáutica ha sido rechazada. Entre ellas figuraban un plan anual de vigilancia náutica, más control de las empresas de alquiler de motos de agua y cambios en la normativa estatal para limitar la navegación.
Sí se han aprobado dos puntos de la propuesta defendida por Marín. Uno pide publicar una cartografía georreferenciada de las praderas marinas, los fondos sensibles y las zonas de nacras. El otro reclama al Gobierno central más efectivos de Capitanía Marítima y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, especialmente en verano.
Marín ha vinculado la iniciativa a las demandas ciudadanas y a las más de 32.000 firmas reunidas por la plataforma Abracemos al Mar Menor. ‘El Mar Menor no es un circuito de carreras’, ha afirmado, al advertir de los riesgos para los bañistas y los espacios de valor ecológico.
Según los datos de Capitanía Marítima aportados por la diputada, entre enero y agosto de 2026 se tramitaron 221 denuncias por infracciones náuticas. De ellas, 102 correspondieron a usuarios de motos acuáticas.
La popular María Casajús ha defendido una enmienda a la totalidad. Ha argumentado que la regulación de la navegación marítima corresponde al Estado y ha recordado que el Real Decreto 118/2024 ya fija condiciones para esta actividad en el Mar Menor.
El socialista Manuel Sevilla ha respaldado buena parte de las propuestas, aunque discrepa de modificar ese real decreto. Pascual Salvador, de Vox, ha rechazado nuevas restricciones generales y ha defendido que se cumpla la normativa vigente.
Marín ha criticado el rechazo a las medidas autonómicas. ‘La protección del Mar Menor no puede convertirse en una discusión permanente sobre qué administración tiene que actuar primero’, ha afirmado, reclamando que los gobiernos regional y central asuman sus competencias.

