Las amenazas contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón tras la DANA de octubre de 2024 han desembocado en una nueva fase judicial. Un magistrado ha acordado continuar el procedimiento penal contra una profesora universitaria por cuatro publicaciones en redes sociales. Además, dichas publicaciones contenían referencias a bombas lapa, explosivos y disparos en la nuca, métodos asociados históricamente a la organización terrorista ETA.
La resolución, dictada el pasado 5 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, considera que los hechos investigados podrían constituir un delito de amenazas. El procedimiento continuará por los trámites del juicio abreviado. Además, la Policía Nacional logró identificar a una persona presuntamente relacionada con la cuenta desde la que se difundieron los mensajes.
La investigación afecta a una profesora e investigadora de la Universitat de València especializada en el ámbito biomédico. Los agentes le atribuyen provisionalmente la utilización del perfil. Sin embargo, la mujer niega haber publicado las amenazas y mantiene que terceras personas pudieron acceder a la red universitaria utilizando sus credenciales.
Carlos Mazón, que presidía el Gobierno valenciano cuando aparecieron los mensajes, ha decidido personarse en el procedimiento como acusación particular. Así podrá ejercer sus derechos como perjudicado.
De las críticas políticas a las amenazas con explosivos
El origen de las actuaciones se remonta a abril de 2025. En ese momento la Policía Nacional recibió varias capturas de pantalla procedentes de una cuenta de X identificada con el pseudónimo John Clarence Woods.
Las publicaciones estaban vinculadas a mensajes del entonces presidente valenciano y contenían expresiones que iban más allá de la crítica a su gestión política.
Una de ellas afirmaba: ‘Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día pueda ser el último’.
La referencia a las bombas lapa resulta especialmente significativa por su utilización en atentados terroristas durante décadas en España. Estos artefactos explosivos, colocados habitualmente en vehículos, formaron parte de los métodos empleados por ETA.
Otro de los mensajes investigados mencionaba la colocación de 20 kilogramos de Goma 2 en los bajos de un automóvil. El texto también advertía al destinatario de que podría ser identificado públicamente y localizado.
Las amenazas incluían igualmente alusiones a armas de nueve milímetros Parabellum y disparos en la nuca. Esta última expresión evoca uno de los procedimientos de asesinato utilizados por la organización terrorista.
Los cuatro mensajes llevaron a la Brigada Provincial de Información de Valencia a abrir una investigación. El objetivo era esclarecer su procedencia y determinar quién se encontraba detrás de la cuenta.
Las primeras actuaciones partieron de la información trasladada por los servicios de Presidencia de la Generalitat. Los agentes comprobaron que el perfil había sido desactivado, por lo que solicitaron autorización judicial para obtener los registros técnicos conservados por la plataforma X.
La investigación permitió recuperar datos de conexión y direcciones IP. Posteriormente, la Policía Nacional requirió información a diferentes operadores de telecomunicaciones para identificar a los titulares de las líneas utilizadas.
El análisis de estos registros llevó a los investigadores hasta una conexión de fibra óptica vinculada a la profesora universitaria. La mujer fue detenida en enero de 2026 y quedó posteriormente en libertad provisional sin fianza.
Mazón lleva las amenazas a la vía penal como acusación particular
La causa ha adquirido una nueva dimensión procesal con la personación de Carlos Mazón como acusación particular. El expresidente valenciano formalizó su intervención judicial el pasado 25 de septiembre, antes de que el magistrado acordara continuar el procedimiento abreviado.
Esta condición le permite participar directamente en las actuaciones. Así puede formular acusación si procede y ejercer los derechos que la legislación reconoce a las víctimas de posibles delitos.
Durante la instrucción, la Policía Nacional planteó que los mensajes podían constituir tanto un delito de amenazas como un delito de odio. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta segunda posibilidad.
En su informe del 9 de marzo de 2026, el Ministerio Público consideró que no concurrían las circunstancias necesarias para aplicar la legislación penal relativa a los delitos de odio. Sin embargo, sí apreció elementos que justificaban investigar las publicaciones como posibles amenazas.
La defensa de la profesora cuestiona la atribución de los mensajes. Según la versión trasladada por su entorno y publicada por Las Provincias, la investigada sostiene que otras personas pudieron utilizar sus claves universitarias para acceder a la red.
Sus abogados han encargado un informe pericial para intentar demostrar que no se encontraba en las instalaciones docentes cuando se difundieron las publicaciones.
Otro elemento de la investigación es el análisis del teléfono móvil intervenido durante su detención. La Policía Nacional comunicó al juzgado, mediante un oficio del 26 de septiembre, que el examen del dispositivo no había proporcionado información útil para esclarecer los hechos.
Pese a este resultado, el magistrado Jorge Martínez Ribera ha considerado que las diligencias practicadas permiten continuar el procedimiento penal por un posible delito de amenazas.
La decisión judicial no implica una declaración de culpabilidad. La investigada mantiene la presunción de inocencia y podrá ejercer su defensa frente a los hechos que se le atribuyen.
El auto del 5 de octubre ha abierto ahora la fase en la que la Fiscalía y las acusaciones deben decidir si solicitan la apertura de juicio oral. También pueden interesar el archivo de las actuaciones o plantear excepcionalmente diligencias complementarias.
El procedimiento sitúa nuevamente ante los tribunales las amenazas dirigidas contra un responsable político en España, en este caso mediante publicaciones que contienen referencias explícitas a métodos terroristas. La decisión sobre la apertura de juicio oral determinará el siguiente paso de una causa en la que Carlos Mazón ya ejerce personalmente la acusación particular.
