Las familias de la Región de Murcia dispondrán de 9.000 plazas gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) para el curso 2026-2027, frente a las 600 del curso 2022-2023, lo que ha supuesto un aumento del 1.400%, según ha informado la Consejería de Educación y Formación Profesional.
El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado la Escuela Murciana de Primera Infancia (EMPI) coincidiendo con el inicio del curso escolar. Le han acompañado el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño; el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Región de Murcia (CECE Murcia), Pablo Molina-Niñirola; y la presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil (Aceimur), Mariola Carrillo.
Marín ha definido este incremento de plazas como un hito. Ha señalado que la oferta se ha estructurado entre centros públicos, concertados, escuelas infantiles municipales y centros privados. Según ha destacado, el objetivo es ‘universalizar esta etapa educativa, ofrecer más servicios gratuitos a las familias y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar’.
Más centros con plazas financiadas
El aumento de plazas gratuitas se ha repartido entre centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, tanto públicos como concertados, y escuelas infantiles de titularidad autonómica. También se ha ampliado en escuelas infantiles municipales y en centros privados, que se incorporan a la red de plazas subvencionadas.
Este crecimiento de la oferta permite que más familias puedan acceder a la escolarización temprana sin coste en la franja de 0 a 3 años. La Consejería ha subrayado que esta etapa favorece el desarrollo educativo y mejora la organización de la vida laboral y familiar.
Rechazo al nuevo decreto estatal de 0-3 años
Durante su visita, el consejero ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio para la nueva regulación de la educación infantil de 0 a 3 años. Ha afirmado que ‘no podemos aceptar iniciativas que no cuenten con una memoria económica, sin la transferencia a las comunidades de la financiación suficiente, y que pongan en riesgo los avances en la educación 0-3 consolidados por el Ejecutivo regional’.
Marín ha explicado que el proyecto de Real Decreto del Gobierno central ‘obliga, por una parte, a la implantación completa del primer ciclo de Educación Infantil, algo que no es viable por carecer de espacio y que incluso obligaría, de aprobarse esta norma, a cerrar las aulas de 2 años ya abiertas’.
Además, ha señalado que la normativa plantea ‘la reducción de ratio en primer ciclo de Educación Infantil, que supondría un incremento de gasto inasumible para los centros públicos y privados’. A su juicio, estas medidas causarían un fuerte impacto en la red actual.
Según el consejero, los centros privados ‘son empresas que dan empleo a miles de personas y servicio a multitud de familias, que no tendrían capacidad económica de asumir estas medidas, lo que supondría un perjuicio para la libertad de elección de las familias’. Ha defendido que cualquier cambio normativo debe ir acompañado de financiación suficiente para no poner en riesgo las plazas ya creadas.
