La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha anunciado que presentará este jueves un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto Ley que ha aumentado la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en la Región, al considerar que ignora la situación de saturación de los recursos de protección.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha avanzado esta decisión durante una interpelación en el Pleno de la Asamblea Regional. La pregunta la ha formulado la diputada del Grupo Mixto Virginia Martínez, que ha pedido explicaciones por el retraso en la ejecución de una proposición no de ley aprobada por la Cámara sobre la reintegración de menores extranjeros no acompañados en sus países de origen.
Ruiz ha explicado que el Ejecutivo regional recurrirá una norma estatal que, según ha sostenido, fija una capacidad ordinaria de acogida ‘sin haber tenido en cuenta la realidad’ de la Región ni la ‘situación de sobreocupación’ que soportan actualmente sus centros. Ha advertido de que nuevos traslados seguirían ‘tensionando un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades‘.
La consejera ha defendido las actuaciones desarrolladas por la Comunidad en materia de infancia migrante. Ha detallado que se ha requerido formalmente financiación al Estado, reclamado coordinación y planificación, solicitado información, impugnado procedimientos, acudido a los tribunales y recurrido normas que el Gobierno regional considera contrarias al marco constitucional y a la autonomía de las comunidades.
Respecto a los retornos a países de origen, Ruiz ha afirmado que el Gobierno regional ha mantenido reuniones institucionales para ‘intentar facilitar los retornos cuando legalmente fueran posibles’ y ha reclamado más recursos para atender a los menores ya acogidos. Ha insistido en que cualquier decisión debe respetar siempre las garantías legales y el principio del interés superior del menor.
Menores migrantes y principio de interés superior
La titular de Política Social ha asegurado que la actuación de la Comunidad ha permitido paralizar ‘cerca de uno de cada cinco traslados propuestos’ en el marco de la contingencia migratoria. Ha explicado que, en estos casos, no habría quedado acreditado que esos desplazamientos respondieran al interés superior del menor.
Según Ruiz, ‘muchas’ de las propuestas recibidas presentaban ‘dudas fundadas’ sobre su adecuación a ese principio, por lo que los expedientes finalmente han sido archivados. Ha subrayado que la Administración debe extremar la prudencia en este tipo de decisiones.
La consejera ha defendido que, cuando un menor llega a un centro de protección de la Región derivado por la Policía o la Fiscalía, la Administración está obligada a garantizarle alojamiento, alimentación, educación, atención sanitaria, protección social, integración y acompañamiento. ‘Las comunidades autónomas no pueden decidir si protegen o no protegen a un menor extranjero no acompañado. Están legal y moralmente obligadas a hacerlo’, ha afirmado.
Ruiz ha incidido en que el ordenamiento jurídico establece la prevalencia de la condición de menor y del principio del interés superior del menor frente a cualquier otra consideración. Ha recalcado que este marco legal condiciona tanto la acogida como los posibles retornos a los países de origen.
Por su parte, Virginia Martínez ha recordado que el 4 de marzo de 2025 la Asamblea Regional aprobó, también con los votos del PP, una proposición no de ley que instaba al Consejo de Gobierno a promover acuerdos para la reintegración de menores extranjeros no acompañados en sus países de origen. Ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, más de un año y medio después, no conste la firma de ningún acuerdo.
La diputada ha preguntado a Ruiz cuántas reuniones bilaterales se han celebrado con las autoridades de Marruecos o de otros países para gestionar estos retornos. Ha invocado el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para sostener que existen herramientas legales para promover la reintegración social de los menores en sus entornos de procedencia y ha exigido que se cumpla el mandato aprobado por la Asamblea.
Ruiz ha respondido que no tiene competencias para negociar directamente con Marruecos y ha recordado que no es ministra ‘ni de Asuntos Exteriores, ni de Interior, ni de Defensa’. Ha reiterado que cualquier retorno debe respetar las garantías establecidas por la legislación y el interés superior del menor.
Nueva cartera de Fisioterapia en Atención Primaria
El Pleno de la Asamblea también ha abordado, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, la aprobación de la cartera de servicios de Fisioterapia en Atención Primaria. La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha explicado que el nuevo modelo busca reforzar el carácter preventivo y resolutivo de este nivel asistencial.
Según Ayala, la cartera ordena las funciones de los fisioterapeutas en los centros de salud y determina qué patologías pueden tratarse en Atención Primaria y cuáles deben derivarse al ámbito hospitalario. De este modo, se pretende clarificar circuitos y evitar demoras innecesarias.
La consejera ha señalado que el documento contempla actuaciones diferenciadas según los grupos de población. Entre ellas ha citado la promoción de hábitos saludables entre menores; la intervención en el climaterio y en las etapas pre y posparto; y la atención de procesos traumatológicos de baja complejidad, como esguinces leves, luxaciones simples, dorsalgias o cervicalgias.
La cartera también incluye la atención a la incontinencia de urgencia y a la patología respiratoria crónica estable. Además, recoge programas específicos dirigidos a personas mayores para prevenir caídas mediante el trabajo de la resistencia, el equilibrio y la coordinación.
Ayala ha indicado que se han incorporado espacios de fisioterapia en nuevos centros de salud como los de Corvera, Abanilla y Molina. También se han creado gimnasios en ampliaciones y reformas de centros ya existentes y se ha adquirido nuevo equipamiento para mejorar la atención.
El diputado del PP Antonio Martínez ha defendido que esta cartera permitirá acercar la atención especializada a los ciudadanos, reducir derivaciones innecesarias y potenciar la prevención y la autonomía de los pacientes.
Más de 3 millones para la residencia Domingo Sastre de Lorca
Otra interpelación ha enfrentado a Vox y al Gobierno regional por la inversión de más de 3 millones de euros en las obras de mejora de la residencia Domingo Sastre de Lorca.
El diputado de Vox Ignacio Arcas ha cuestionado que se habiliten las plantas séptima y octava del edificio para crear nuevas plazas. Ha advertido de las dificultades que, a su juicio, podría generar esa ubicación en caso de incendio, emergencia o avería de los ascensores, y ha defendido que Lorca necesita una nueva residencia en lugar de esta actuación.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha respondido que la inversión era ‘necesaria’ para modernizar unas instalaciones que llevan décadas prestando servicio. Ha asegurado que las actuaciones cuentan con los informes técnicos y cumplen las garantías legales exigibles.
Ruiz ha recordado que el proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation y sometido a sistemas de auditoría, seguimiento y evaluación. Ha señalado que las obras permitirán mejorar habitaciones, espacios comunes, ascensores y equipamiento tecnológico.
La consejera ha destacado además que la reforma creará 36 nuevas plazas, con el objetivo de reducir el tiempo de espera para acceder a la residencia. Ha defendido que la Domingo Sastre es una infraestructura ‘estratégica’ para Lorca y ha asegurado que las obras estarán finalizadas ‘en muy poquito tiempo’.
