Las empresas familiares de la Región de Murcia contarán con una nueva ‘Bolsa de Relevo Empresarial’ y con más incentivos fiscales para facilitar el cambio generacional y evitar cierres de negocios viables por falta de sucesión. Estas medidas forman parte del anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que ha sido aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno y ha iniciado su fase de consulta pública antes de llegar a la Asamblea Regional.
Según ha detallado el consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, la norma tiene como objetivo principal proteger la continuidad de estas sociedades. El texto unifica en una sola ley la vertiente fiscal, la gobernanza interna y el impulso económico de la empresa familiar, y se ha elaborado con la participación de las principales entidades y organizaciones del sector.
Marín ha subrayado que uno de los fines esenciales de la ley ‘es salvaguardar las empresas, los empleos, el arraigo y el patrimonio económico proyectado hacia las futuras generaciones de la Región’. Ha insistido en que, con este marco, una empresa viable no tendrá que cerrar únicamente porque no encuentre relevo.
El consejero ha explicado que, ‘con esta ley, desde el Gobierno regional ponemos herramientas, asesoramiento y facilidades fiscales para que pueda seguir adelante y, de manera preferente, dentro de la propia familia’. A su juicio, ‘facilitar el relevo es proteger años de esfuerzo empresarial, pero también mantener actividad, inversión y empleo en la Región de Murcia’.
Bolsa de relevo y cheque para la sucesión
La nueva ‘Bolsa de Relevo Empresarial‘ conectará empresas viables sin sucesión interna con personas interesadas en continuar con su actividad. Este sistema de emparejamiento se gestionará a través del Instituto de Fomento (Info), que actuará como intermediario entre quienes necesitan traspasar el negocio y quienes desean asumirlo.
Además del contacto entre cedentes y posibles sucesores, la bolsa ofrecerá un paquete amplio de servicios de apoyo. Entre ellos se incluyen estudios de viabilidad, diagnósticos económico-financieros, valoraciones independientes y asesoramiento jurídico, fiscal y financiero. También se prevé acompañamiento técnico durante todo el periodo de transición y la posibilidad de conectar a las partes con instrumentos públicos de financiación.
Para reforzar este proceso, la futura ley consolida el denominado ‘Cheque Relevo‘. Se trata de una ayuda económica pensada para financiar protocolos familiares, planes de sucesión y asesoramiento técnico especializado. Este apoyo puede cubrir también la incorporación de expertos independientes que orienten a la empresa en el cambio generacional.
Junto a estas herramientas, la norma pondrá a disposición de las empresas familiares líneas de financiación específicas para modernización o relevo. También impulsará programas de formación directiva en digitalización e internacionalización, así como iniciativas de innovación abierta que permitan a estas sociedades adaptarse mejor a nuevos mercados y tecnologías.
Más ventajas fiscales para facilitar el relevo
El anteproyecto incluye un bloque de beneficios fiscales enfocado a promover la continuidad de las empresas familiares, sobre todo en los procesos de transmisión. Las medidas se centran en la mejora del tratamiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para estos negocios.
Entre las principales novedades, el plazo obligatorio de mantenimiento del negocio se reduce de cinco a tres años. De esta forma, se flexibilizan las condiciones para quienes asumen la empresa y se facilita que el relevo pueda realizarse sin tanta carga temporal.
La norma amplía además de cuarto a sexto grado el parentesco que puede computar participaciones para alcanzar el 20 por ciento exigido. Con ello se abre la puerta a que familiares más lejanos puedan sumar porcentajes y beneficiarse de los incentivos fiscales si participan de forma efectiva en la empresa.
Otra modificación relevante es la rebaja de la edad mínima de los donantes, que pasa de 65 a 60 años. Según el Gobierno regional, esta medida permite anticipar los procesos de sucesión y planificarlos con más margen, reduciendo la incertidumbre en la gestión.
Asimismo, se prevé que personas incluidas en el Grupo IV del impuesto puedan aplicar la bonificación, siempre que cumplan ciertas condiciones. Deberán llevar al menos cinco años trabajando en la compañía y tres años desempeñando tareas directivas, lo que refuerza la exigencia de una implicación real en el negocio.
Gobernanza interna y prevención de conflictos
Otro de los objetivos centrales de la ley es impulsar la profesionalización de las empresas familiares sin perder su carácter propio. Para ello, el texto recoge instrumentos de gobernanza como el Protocolo Familiar, la Asamblea Familiar o el Consejo de Familia, que ayudan a ordenar la toma de decisiones y a clarificar roles.
La norma también anima a incorporar expertos independientes en estos entornos, sin alterar los órganos de gestión tradicionales. Esta figura externa puede aportar una visión profesionalizada y contribuir a la estabilidad en etapas de cambio, manteniendo al mismo tiempo el control familiar.
Con el fin de prevenir conflictos internos, se fomentan pactos previos sobre la valoración de participaciones y el reparto de beneficios. Estos acuerdos buscan reducir tensiones futuras entre socios y herederos y dar seguridad jurídica a los procesos de transmisión.
El anteproyecto facilita asimismo el acceso a mecanismos de mediación o arbitraje para resolver discrepancias sin judicializar los conflictos. La intención es que posibles desacuerdos no pongan en riesgo la continuidad del negocio ni la relación entre los miembros de la familia empresaria.
Reconocimiento al peso de la empresa familiar
La ley incorpora también medidas para visibilizar el papel económico y social de las empresas familiares en la Región de Murcia. Entre ellas destaca la creación de un distintivo denominado ‘Hecho en Familia’, que reconocerá públicamente su contribución al territorio.
A través de este sello, el Gobierno regional pretende destacar el compromiso de estas compañías con el empleo estable y el arraigo local. También quiere poner en valor su aportación al tejido productivo, frente a otras fórmulas empresariales con menor vinculación territorial.
Marín ha recordado que ‘hablamos de un sector que es un pilar básico de la economía regional’. Ha apuntado que, en la actualidad, el 89 por ciento de las sociedades mercantiles de la Región son familiares, lo que supone más de 27.000 empresas.
Según ha señalado, estas compañías generan el 75 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 78,2 por ciento del empleo regional. A su juicio, ‘esta ley viene a reconocer este papel, ayudar a prevenir los problemas que puedan poner en riesgo su continuidad y facilitar la transmisión mediante fiscalidad, financiación y simplificación’.
El consejero ha concluido que el objetivo final es ‘ayudar a mantener proyectos empresariales y empleos que durante generaciones han contribuido al crecimiento y desarrollo de la Región de Murcia’. El texto continuará ahora su tramitación con la fase de consulta pública antes de su debate parlamentario.
