Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha celebrado este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ley 1/2026, sobre los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. La organización ha pedido investigar si los promotores de la norma pudieron incurrir en prevaricación.
El fallo estima un recurso presentado por el Defensor del Pueblo tras recibir un escrito de la asociación. La ley había sido aprobada en la Asamblea Regional a propuesta de los grupos parlamentarios del PP y Vox.
Según Ecologistas en Acción, la norma pretendía ‘desproteger’ unas 41 hectáreas del espacio natural protegido. La justificación se basaba en ‘motivos religioso-culturales’ que, según la entidad, ‘nunca han estado en entredicho’.
La asociación sostiene que el objetivo real era ‘poder realizar un rallye dentro de un espacio protegido‘. Añade que la iniciativa siguió adelante pese a los informes desfavorables de la Consejería de Medio Ambiente y las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica.
La organización considera que la sentencia demuestra que ‘se ha podido cometer un delito de prevaricación‘ y ha defendido que se investigue. También ha afirmado: ‘No podemos normalizar que se intenten aprobar normas que van en contra de la legalidad, y que tenga que ser la acción ciudadana la que persiga la restitución de la legalidad, sin que pase factura a los promotores’.
Antecedentes y nuevo recurso
Ecologistas en Acción ha señalado que esta es la segunda vez que el Constitucional anula una ley autonómica tras denuncias de la asociación. La primera fue la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo regional.
Según recuerda la entidad, aquella disposición pretendía desafectar más de 11.000 hectáreas de espacios naturales protegidos. La organización vincula ambos casos con normas que, a su juicio, reducían la protección de espacios naturales.
El portavoz de la asociación, Pedro Luengo, ha advertido de que preparan otro recurso de inconstitucionalidad junto a otras entidades. Lo presentarán cuando la Asamblea Regional apruebe la reforma de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor.
Además, la organización ha instado al Gobierno autonómico a cumplir la normativa ambiental que, afirma, lleva décadas incumpliendo. Ha citado los planes de fauna y flora protegida, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los planes de gestión de la Red Natura 2000.
La asociación ha pedido que el Ejecutivo deje de destinar recursos humanos y esfuerzos a reformas legales que, en su opinión, buscan ‘la desprotección de nuestro patrimonio natural’.

