Podemos pide limitar las ayudas sociales tras el bono de calefacción de Abascal

Víctor Egío ha propuesto fijar un límite de renta para acceder a las ayudas sociales. También ha respaldado las reivindicaciones de los trabajadores de Protección Juvenil y Reforma de Menores de la Región de Murcia.

Víctor Egío, cabeza de lista de Podemos al Congreso por la Región de Murcia, ha propuesto limitar por renta el acceso a las ayudas sociales. La medida busca, según ha explicado este miércoles, impedir casos como el bono social de calefacción que cobra Santiago Abascal. Egío ha intervenido durante una protesta de trabajadores del sistema regional de Protección Juvenil y Reforma de Menores, frente a la Consejería de Política Social.

El candidato ha calificado de ‘escándalo’ que el líder de Vox perciba esa ayuda. Según Egío, Abascal cobra más de 100.000 euros al año y vive en una mansión valorada en un millón de euros. Podemos ha difundido sus declaraciones en un comunicado.

Egío ha defendido que los recursos públicos se destinen a quienes más los necesitan. Ha citado a menores vulnerables, personas mayores y dependientes, además de los trabajadores del sistema de protección. Sobre Abascal, ha afirmado: ‘Los recursos públicos deben ir a la gente que de verdad lo necesita, a los menores vulnerables, a las personas mayores, dependientes, a mejorar las condiciones de los trabajadores del sistema de protección, y no a los ricos y a las garrapatas como Abascal’.

Las reivindicaciones de la plantilla

El candidato también ha denunciado lo que considera ‘la hipocresía de la derecha y la ultraderecha’. Ha asegurado que, mientras esos partidos ‘criminalizan a los menores no acompañados‘, señalan a los trabajadores y entidades del sistema y anuncian recortes, ‘son ellos los que se están llevando las paguitas’.

Además, Egío ha respaldado ‘una por una’ las demandas de los trabajadores ante la Consejería. La plantilla reclama actualizar sus salarios, cobrar el complemento específico y obtener el reconocimiento de su categoría profesional. Estas reivindicaciones se suman a la petición de que los recursos públicos atiendan las necesidades del sistema de protección de menores.

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